Anticorrupción mantendrá la imputación a Alperi por desfalco en Mercalicante hasta el fin del sumario

Cristina Costa, titular del Juzgado número 2 de Alicante, cerró ayer, casi tres años después del inicio de la investigación, el interrogatorio a los 15 imputados por el desfalco del unos seis millones de euros en la empresa pública Mercalicante. Los últimos en comparecer ante la juez instructora han sido los cinco miembros del comité ejecutivo de la firma, órgano presidido por el alcalde, Luis Díaz Alperi, del PP. Las acusaciones (el fiscal Anticorrupción y la popular) mantendrán las imputaciones hasta el cierre del sumario, salvo que la magistrada, de oficio o a instancia de parte, acuerde lo contrario.

Casi tres años después de descubrir el desfalco, la juez ha cerrado la fase de toma declaración a los imputados del caso Mercalicante. A expensas de que las partes soliciten la práctica de nuevas pruebas, el caso está pendiente de posibles recursos de las partes solicitando el sobreseimiento de alguno de los imputados. El letrado de los miembros del comité ejecutivo ha anunciado iniciativas en ese sentido. Las acusaciones, la pública, que encarna el fiscal Anticorrupción, y la popular, que ejerce el movimiento vecinal y el PSPV, abogan por no levantar ninguna imputación hasta el cierre del sumario.

La investigación judicial por el desfalco descubierto en las cuentas de la empresa agroalimentaria se remonta a septiembre de 2002, cuando la policía, a petición del fiscal, arrestó al hasta ahora principal acusado, José Emilio Clavero, ex gerente de la firma. Clavero fue acusado de los delitos de estafa y falsedad documental y fue puesto en libertad condicional. El ex directivo negó la acusación y mantuvo ante la magistrada que tanto el consejo de administración como el máximo órgano de control de la firma (el comité ejecutivo) estaban al corriente de sus decisiones.

La lista de imputados por el supuesto defalco se incrementó más adelante con otros nueve implicados: Francisco Javier Luengo, Antoni Rocas Llobet, Julio Carlos Serio, Josefa Camuñas, Ángel Moreno (representantes de las firmas, tres empresas del sector del frío y una de informática, que supuestamente el ex gerente utilizó como tapadera para consumar el desfalco), Miguel Ángel Ramos, jefe de contabilidad de Mercalicante, Juan José Vidal Font, Fernando Barroso, ambos empleados de Mercalicante, y Carlos Losada, técnico de un departamento del Ministerio de Industria que concedió una subvención para la instalación de un supuesto sistema de venta electrónica. Los nueve están imputados por un supuesto delito de estafa y falsedad documental.

La juez interrogó a estos imputados hasta en dos ocasiones, todo ello antes de decidir si admitía o no la querella del PSPV que ampliaba la acusación a los cinco miembros del comité ejecutivo -el alcalde, el edil del PP Juan Zaragoza, el ex edil del PP José María Rodríguez Galant, y Gonzalo Simón y Segundo Bermejo, en representación de Mercasa, socio tecnológico del Ayuntamiento-. La querella de los socialistas, en base al testimonio del ex gerente, imputaba a los miembros del comité ejecutivo de la empresa un supuesto delito de apropiación indebida y societario.

La juez instructora admitió primero la querella de los socialistas. Pero unos meses más tarde se revocó a sí misma y la desestimó por un defecto de forma. El PSPV apeló a la Audiencia de Alicante. La tramitación del recurso se demoró por espacio de casi un año. Finalmente, el alto tribunal ordenó la admisión de la querella.

Los miembros del comité ejecutivo han comparecido ante la magistrada a lo largo de este mes. Los cinco imputados han esgrimido el mismo argumento para rechazar cualquier responsabilidad en el desfalco: todas las decisiones estaban avaladas por los técnicos de la empresa y, además, el ex gerente les engaño.

Sin embargo, los cinco últimos imputados han discrepado a la hora de precisar si Clavero informaba o no de sus decisiones al comité ejecutivo. El alcalde, Luis Díaz Alperi, el primero en declarar, dijo que nunca trató con Clavero y aseguró que era el edil Juan Zaragoza quién habitualmente despachaba con el ex gerente. Zaragoza contradijo al primer edil y negó contactos habituales con Clavero -"seguramente el alcalde se ha equivocado", puntualizó-. El ex edil Rodríguez Galant, recién nombrado director general del complejo de la Ciudad de la Luz, negó que despachara con Clavero. Galant hasta minimizó sus conocimientos en informática, aunque era el encargado de coordinar el frustrado proyecto de venta electrónica.

Mientras, los representantes de Mercasa en el comité ejecutivo, Gonzalo Simón, vicepresidente de Mercalicante desde 1999 hasta 2004, y Segundo Bermejo, vocal del consejo de administración -éste cerró ayer el ciclo de declaraciones de los imputados- han admitido ante la juez que sí mantenía "contactos habituales" con Clavero.