El Consejo Nuclear vincula el incidente de Vandellòs al recorte de inversiones

El incidente nuclear de Vandellòs II, el más grave desde 1992, se vio favorecido por la reducción de inversiones de la central, propiedad de Endesa e Iberdrola. El informe de los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) asegura que "las consideraciones económicas han contribuido adversamente en el proceso de toma de decisiones de la central". En el informe, que el CSN se ha negado a enviar al Congreso por ser "confidencial", los inspectores constatan "una reducción sostenida de las inversiones y, en menor grado, de costes en Vandellòs II". Los técnicos también apuntan a la regulación de empleo que la central realizó en 2000 y que redujo el control sobre la tubería que se degradó.

La presidenta del CSN, María Teresa Estevan Bolea, envió al Congreso y al Gobierno un informe suavizado sobre el incidente de Vandellòs II (Tarragona), que omitía cualquier referencia a la actitud de la central. Los cuatro consejeros del CSN afirmaron que ese informe no respondía al original y la obligaron a publicar un segundo informe, mucho más duro.

Este segundo informe acusaba a la central de "primar la producción sobre la seguridad", de ocultar y retardar información y de arrancar con falta de seguridad. El informe detallaba cómo dos tuberías de refrigeración se habían corroído durante años sin que la central hiciera nada por evitarlo pese a que conoció la degradación en 1993.

Pero el informe original de los inspectores, fechado el 2 de marzo de 2005 y al que ha tendio acceso este diario, era aún más duro, y criticaba también la gestión económica de la central. Se basaba en seis puntos.1. El informe interno, realizado por ocho inspectores, señala que "en el diseño del sistema de aguas esenciales se adoptó la decisión de enterrar la tubería en lugar de un trazado utilizando galerías, solución más costosa pero que hubiera permitido una mejor vigilancia".

Menos revisiones

2. En 2002, la central cambió la empresa contratista. De Initec pasó a Reyco, una empresa con menos experiencia, según el CSN. Las inspecciones de la tubería pasaron de ser anuales a trianuales, y a reflejar "con menor detalle" la corrosión exterior. Según los inspectores, "en la gestión del cambio del contrato hubo una reducción de costos del 35%". Aunque el importe del contrato era "poco relevante", hay que añadir que la central redujo la contrata de personal al ser las inspecciones menos rigurosas.

3. En mayo de 2004, la central detectó un rezume de agua en una zona de la tubería que se rompió en agosto. La central reparó la fuga y no avisó al CSN. No llegó a parar. Según el informe, "una valoración adecuada en mayo hubiera conducido a la parada de la central".

4. El 25 de agosto se volvió a romper la tubería en el mismo punto que en mayo. La central reparó la fuga, pero inmediatamente detectó otro escape en la tubería paralela. Dos días después, la central paró por una pérdida de suministro eléctrico. El 29 de agosto la central arrancó con una reparación que el CSN juzgó insuficiente. El informe señala que "criterios técnicos adecuados hubieran obligado a retrasar el arranque".

5. El informe también señala que la pérdida de suministro eléctrico se produjo por un fallo en un sistema de relés en la llegada de electricidad a la central. Este sistema tenía que haber sido modificado en 1995 y sólo "se implantó parcialmente tras la rotura de agosto de 2004". El CSN asegura que el sistema antiguo "persistió durante 10 años por cuestiones económicas".

6. El CSN asegura en su informe que "la actuación del titular tenía como primer objetivo posponer las reparaciones hasta la recarga de marzo de 2005". La central siguió funcionando con permiso del CSN hasta esa fecha. Sólo adelantó la recarga dos días por una nueva fuga.

Los inspectores detectaron también "una aparente reducción sostenida de inversiones y, en menor grado, de costes para Vandellòs II, salvo algún repunte asociado a proyectos singulares, como el cambio de la turbina".

Vandellòs II, propiedad de Endesa e Iberdrola, invirtió en 1996 26,46 millones de euros. En 2003, la cifra bajó hasta los 12 millones, según el Foro Nuclear, que agrupa a las centrales españolas. El descenso sólo se vio interrumpido en 1999, cuando cambió la turbina e invirtió 69,5 millones. En 2000, Endesa e Iberdrola anunciaron la gestión conjunta de sus centrales de Ascó y Vandellòs y aseguraron que con la fusión ahorrarían seis millones.

El recorte de inversiones se dio en las siete centrales españolas salvo en Cofrentes (Valencia) y coincide con el cambio legal de 1997. Hasta entonces, el Estado pagaba las reparaciones en las centrales, y con la nueva norma las eléctricas pasaron a asumir la factura.

El informe de los inspectores también se refiere al expediente de regulación de empleo que la central hizo desde 1999, en el que fueron despedidos o prejubilados 200 trabajadores. El despido creó "un clima laboral inadecuado derivado de una escasez de recursos humanos".

El responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, Carlos Bravo, destaca que, además de depuarar la responsabilidad de la central, el CSN debería explicar por qué permitió que la central siguiese funcionando si desde el primer momento conoció su actuación. Los inspectores comparecieron el lunes ante el Congreso y se mostraron sorprendidos de que siga en la central la cúpula directiva que ha permitido la degradación. El CSN ha abierto un expediente a la nuclear y recalificará la gravedad del incidente al alza.