Paz y atentados

ETA lleva la violencia a Madrid, contestando así a la voluntad pacificadora del presidente Zapatero. La tensión sube. Obviamente, el PSOE pedirá confianza y prudencia, además de recordar que no hay ninguna negociación en curso ni la habrá mientras continúe la violencia. El PP dirá que los atentados legitiman su posición -triste estrategia la que necesita de la violencia para tener razón-. En los sectores nacionalistas y entre los optimistas impenitentes se destacará que ETA atenta pero no mata, y las bombas se interpretarán como el ruido previo a una declaración de tregua. Algunos, los que todavía hablan como si se le debiera algo a ETA, culparán al Gobierno por cumplir su obligación: seguir deteniendo a etarras y debilitando a la organización. Precisamente la firmeza policial es el mejor aval que el Gobierno puede presentar ante la opinión pública, porque sólo estando contra las cuerdas ETA aceptará rendirse; porque es la única manera de que la tregua no vuelva a ser una trampa para ganar tiempo de rearme; y porque cuanto más flaquee ETA más capacidad de autonomía tendrá su cobarde brazo civil.

Al negar cualquier forma de complicidad al presidente del Gobierno, el PP convierte en bazas propias las acciones de ETA, en vez de hacer frente común ante la actividad de la banda. Cada semana que pasa sin que ETA anuncie una tregua crece la duda sobre si Zapatero se precipitó al presentar la moción para el fin de la violencia en el debate del estado de la nación. No por el contenido de lo que se aprobó, que no escapa un milímetro de lo que ha sido el consenso en materia antiterrorista durante la transición, hasta que el PP ha querido cargárselo, sino por las expectativas generadas en una opinión pública a la que le cuesta creer que el presidente escenifique un ritual de apertura de proceso de paz sin tener la continuación bastante atada. De momento, todas las señales visibles vienen de la misma dirección. Y esto es inquietante.

El PP se ha equivocado de papel. En vez de asumir la petición de Zapatero y erigirse en el vigilante que garantiza a la opinión pública que no habrá atajos ni desvíos, se sienta a la espera de que su adversario fracase. Naturalmente, esta actitud de Rajoy y su gente deja a Zapatero sin red. Pero les coloca también a ellos en una posición difícil ante una opinión pública que, en un 60%, aprueba la iniciativa del presidente. En su empeño en utilizar la lucha antiterrorista para meter el dedo en el ojo del presidente llegan a situaciones absurdas. La gran mayoría de la ciudadanía estaría encantada de saber que ETA ha mandado un mensaje al presidente expresando su deseo de dejar las armas. ¿Por qué irrita tanto al PP?

Se equivocaría Zapatero en querer tener razón a toda costa y salirse del marco definido por la declaración del Parlamento. Pero es un riesgo desde el momento en que el PP parece empeñado en cerrarle la salida. El Gobierno de Aznar rompió un tabú de la transición: que ETA nunca sería derrotada por la vía policial y judicial. Si hoy se está hablando de la derrota de ETA -y esta idea está, por primera vez, en la mente de su entorno y de sus presos- es como consecuencia de la acción policial y judicial de los últimos años, además del cambio de marco general como consecuencia del terrorismo islamista. De lo que se trata ahora es de resolver el final de una ETA contra las cuerdas. Por eso, el Gobierno tiene que estar muy atento y no hacer concesiones que le permitan recuperarse como ocurrió en las últimas treguas. Y el primer partido de la oposición debería ser muy cuidadoso para no seguir dando bazas a ETA en su estrategia de división.

No es verdad que conflictos de este tipo acaben siempre con negociaciones políticas. En España hemos visto la derrota policial de los GRAPO y en Europa la de las Brigadas Rojas o de la Baader-Meinhof. Ninguno de ellos tenía un área de cercanías de 150.000 votos. Precisamente por esto la derrota de ETA tiene un complemento político, que es lo que la estrategia del PP niega: encontrar las vías de integración de esta área en el sistema democrático.