Garvín concluye que en el distrito Macarena había una estructura administrativa paralela a la oficial

En el distrito Macarena había una estructura administrativa paralela a la oficial. Ésta fue la conclusión que sacó la presidenta de la comisión de investigación del Ayuntamiento de Sevilla y portavoz de IU, Paula Garvín, tras escuchar a los tres colaboradores del PSOE que declararon ayer. "Esta metodología puede ser una de las causas de la situación que ahora estamos viviendo", añadió Garvín. Uno de los comparecientes, el actual director de Hacienda, abogó también por transformar los procedimientos de contratación ya que los actuales se han convertido en "algo perverso"

La sesión de ayer empezó con la comparecencia de Antonio Pazos, colaborador en Macarena entre marzo y noviembre de 2003. En ese periodo (en mayo de 2003) se concedió el libramiento de 600.000 euros en el que se incluyeron las dos supuestas facturas falsas firmadas por un ex militante socialista y que dieron origen a la investigación sobre la gestión de Macarena. Pazos, no obstante, afirmó que la responsabilidad de controlar si las obras se ejecutaban no era suya, sino de Manuel Portela, otro colaborador del distrito que está denunciado por la Fiscalía por el caso de las facturas falsas.

Según las explicaciones que dio Pazos sobre su trabajo diario en el distrito, él recibía las facturas de manos del secretario y preparaba el listado de documentos con los que se justificaban los libramientos de dinero. Garvín se mostró sorprendida por que un colaborador realizara funciones administrativas que deben recaer en los funcionarios municipales. Según afirmó la portavoz de IU tanto dentro de la comisión como a su término, esta metodología es poco fiable. "Mi opinión es que ese método no es aceptable", aseguró la portavoz de IU, actual delegada de Participación Ciudadana, el área del que dependen los distritos.

El origen

Pazos insistió en que él sólo llevaba "la contabilidad", mientras que la revisión de los conceptos y las empresas de las facturas correspondían al secretario (José Marín), Portela y la jefa de negociado. Sin embargo, según Garvín, en su declaración se vio "el origen" de la situación actual, en referencia a la falta de control que supuestamente propició que se colaran facturas falsas y que el ex socialista José Pardo cobrara obras a nombre de una empresa a la que ya no pertenecía.

"Hay que ponerlo en las conclusiones de la comisión con claridad", afirmó la portavoz de IU, quien eximió de culpa al personal eventual y responsabilizó a "quien da la orden o quien lo permite". En este sentido, señaló como "responsables políticos" al ex delegado del distrito, José Antonio García, quien dimitió por este caso, y al entonces delegado de Participación Ciudadana, el concejal andalucista Antonio Ardila. Garvín, actual responsable de este departamento, asegura haber "cortado" esos métodos.

La necesidad de reformar el funcionamiento de los distritos la planteó también el actual director del área de Hacienda, José Manuel Martín, otro de los comparecientes en la jornada de ayer. Según manifestó, las normas de contratación municipal, que datan del año 2000, "nacieron ya obsoletas" y "distan mucho de lo que sería necesario". Según el director de área de Hacienda, la norma, probablemente para intentar aumentar los mecanismos de control, establece "limitaciones" que van más allá de la Ley de Contrataciones Públicas y que han acabado convirtiéndose en "algo perverso". "No se puede llegar a que la preparación del contrato cueste más que su objeto", añadió.

Al término de la sesión, la presidenta se mostró de acuerdo con algunas de las críticas de Martín. "Si un contrato menor no precisa tres ofertas nos estamos engañando nosotros mismos al creer que así hay más control. Y eso sí que encarece el trabajo", señaló Garvín en relación al procedimiento de contratación que rige hasta ahora y en la que se asientan muchas de las supuestas irregularidades detectadas en Macarena: una serie de empresas, que a menudo están relacionadas entre sí, acaparan la mayoría de las invitaciones a participar en los procesos de contratación.

Por otra parte, ni el PSOE ni el PA quisieron referirse ayer a las supuestas nuevas irregularidades hechas públicas por la presidenta de la comisión durante la sesión del martes. Los portavoces de PA y PP, Paola Vivancos y Jaime Raynaud, sí que se refirieron, sin embargo, a las últimas comparecencias y señalaron al alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, como "máximo responsable" de las deficiencias de funcionamiento de Macarena.

Por su parte, el concejal de Presidencia, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis (PSOE), hizo balance del mandato al cumplirse ayer dos años de las elecciones municipales y leyó una declaración conjunta de socialistas e IU. El portavoz del gobierno hizo balance favorable y optimista, pero, tras la declaración conjunta, advirtió de que se están produciendo "una serie de cenas" donde participan "confluencias políticas, mediáticas y económicas" que intentan "crear un sindicato de intereses para derrocar" al gobierno de PSOE e IU.

Según Rodríguez, algunos sectores de la ciudad intentan "trasladar la estrategia de acoso y derribo a Felipe González". El portavoz aseguró que incluso se repiten "alguno de los personajes que entonces asistía a las reuniones conspiratorias en el ámbito de la comunidad autónoma y de Sevilla". "Algunos de aquellos personajes se reeditan en nuestra ciudad", insistió el concejal, quien ahondó en el misterio al asegurar que estas cenas y comidas se celebran en "casas de duques".