Valencia se destaca

Aparcada la reforma del Estatuto vasco tras su rechazo por las Cortes, la del Estatuto de la Comunidad Valenciana será la primera en ser votada tras el acuerdo alcanzado ayer entre los dos principales partidos, PP, que gobierna con mayoría absoluta, y PSOE. Este acuerdo marcará con toda probabilidad la pauta para las otras reformas proyectadas en al menos otras siete comunidades. El acuerdo refleja que, de las dos posiciones latentes existentes en el PP respecto a las reformas territoriales, al menos en Valencia se ha impuesto la de participar en la reforma con todas las consecuencias.

El consenso ayer alcanzado supone el primer punto de encuentro entre los dos grandes partidos respecto a la reforma del modelo territorial de España. Para llegar a este consenso ha sido necesario que el PP abandonara alguna de sus posiciones más extremas y aceptara propuestas socialistas inicialmente recibidas con recelo. La reforma valenciana del estatuto valenciano se efectúa dentro del marco de la Constitución y su aprobación, a diferencia de la iniciativa catalana, no conlleva la modificación de leyes orgánicas. La vía valenciana se muestra abierta a la incorporación de cualquier cambio que se introduzca en la legislación básica del Estado.

Formalmente rechaza la creación de una agencia tributaria territorializada y se conforma con un Servicio Tributario Valenciano, una mera externalización de una dirección general, que tendrá a su cargo la gestión de los tributos propios, pero no de los cedidos. Pero la oposición de los populares a la creación de la Agencia Tributaria propia no era tan frontal como aparente, toda vez que deja una puerta abierta mediante la futura modificación de la LOFCA. Del mismo modo, por lo que a las competencias de justicia se refiere, el articulado acepta que los cambios que se puedan producir en el futuro en la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial puedan conducir a la puesta en marcha de un Consell de Justicia con competencias autonómicas en esta materia y de que el Tribunal Superior de Justicia Valenciano actúe como última instancia. En este sentido, la reforma valenciana es una propuesta cauta y pasiva; más que apostar por los cambios, como sucede en el caso de la reforma del Estatuto catalán, espera que se produzcan para asumirlos.

El acuerdo es histórico para los valencianos, pues es la primera vez que desde su autonomía se propone un modelo de reforma territorial y se produce sin grandes enfrentamientos. Contempla la capacidad del presidente de la Generalitat para disolver anticipadamente las Cortes y convocar elecciones, una competencia hasta ahora reservada a los Estatutos de las nacionalidades históricas. Introduce una carta de derechos sociales. Recupera el derecho foral valenciano. E intenta introducir un cierto orden en la polémica sobre el idioma al hacer obligatoria en las instituciones la normativa de la Acadèmia Valenciana de la Llengua. Por el contrario, no asume competencias en materia de policía de tráfico, como se llegó a proponer, ni reduce la barrera del 5% de los votos para poder acceder al Parlamento autónomo. Queda excluida la cláusula de asunción de cualquier nueva competencia que contemplaran otros estatutos, tal como quería inicialmente el presidente Camps.

El nuevo estatuto supone un pacto de mínimos; pero contiene los elementos para aceptar los cambios en la modificación básica del Estado que le permitan acercarse a las competencias de otras normativas autonómicas de mayor calado.