La comisión del Carmel se cierra sin alusiones a comisiones ilegales

La comisión que investiga el hundimiento de la línea 5 del metro de Barcelona en el Carmel cerró ayer sus sesiones, tras dos meses de trabajos. Las conclusiones ni siquiera citan la hipotética existencia de comisiones ilegales y diluyen las causas entre las empresas participantes en los trabajos y el Gobierno catalán, aunque en este caso lo ciñen a los dos cargos que dimitieron en su día. También, aunque sin unanimidad, califica de deficiente el proyecto original. Las conclusiones serán votadas hoy y podrían incluir cambios de última hora.

La comisión parlamentaria que tiene que dilucidar las responsabilidades políticas terminó ayer sus sesiones, tras dos meses de trabajo. No obstante, el documento no obtendrá un acuerdo pleno de todos los grupos. El presidente de la comisión, Joan Boada, de Iniciativa per Catalunya Verds, aseguró que habrá acuerdo unánime en "el 95%" del texto pactado por los diputados, aunque matizó que el 5% restante sólo podrá ser aprobado por mayoría. El informe final será votado en un pleno donde los grupos podrán defender sus reservas.

Las discrepancias se refieren sobre todo a la atribución de responsabilidades. El informe final establece que las responsabilidades políticas quedan extinguidas con las dimisiones, ya producidas, del presidente de GISA, Ramon Serra, y del director general de Transportes, Jordi Julià, y no alcanza a otros dirigentes. La comisión señala también como responsables a las empresas implicadas en la planificación y ejecución de las obras de ampliación de la línea 5 del metro. CiU sopesaba ayer si acepta que el proyecto inicial, redactado bajo su mandato, fuera deficiente.

Donde sí hay acuerdo sin matices, dijo Boada, es en explicar por qué se hundió el túnel de maniobras que provocó la tragedia en el barrio barcelonés del Carmel. Las conclusiones detallan múltiples causas: la falta de control en la ejecución de las obras, un error en la excavación del túnel, un sostenimiento insuficiente y la inexistencia de estudios geológicos en un proyecto modificado con importantes deficiencias. Para evitarlo en el futuro, la comisión hace suyas las recomendaciones del grupo de expertos que participaron en los trabajos y que sugieren reforzar las obras subterráneas en tramos urbanos y eliminar en lo posible las subcontrataciones. Entre otras medidas, proponen que, cuando sean imprescindibles, el pago a la empresa subcontratada lo haga la propia Administración.

El informe de la comisión no cita en ningún momento la existencia de presuntas comisiones ilegales ya que, dijo Boada, éste no era el objetivo de la comisión. Con ello, añadió, queda para la historia parlamentaria la frase de Pasqual Maragall sobre el 3%.

Daños por 95 millones

Los daños causados fueron ayer evaluados en 95 millones de euros y el Gobierno catalán aprobó un crédito extraordinario por esta cantidad, que se desglosan en diversas partidas. La adquisición de 34 nuevas viviendas para las familias que perdieron las suyas suma 10 millones de euros. Otros 10,8 millones de euros se destinan también a actuaciones en los diversos bloques de pisos. Se trata de labores de micropilotaje (recimentación y anclaje de edificios que han sufrido algún tipo de afectación, algunos de ellos con daños estructurales y grietas perfectamente apreciables), así como de otro tipo de reparaciones y gastos ocasionados por servicios de guardamuebles.

El conjunto de las obras adicionales que deben realizarse en el túnel suma 34,7 millones. Aquí se incluye el rellenado con hormigón de la zona donde se produjo el hundimiento, un túnel de maniobras situado junto al túnel principal de la línea que se construía. Asimismo, se incluye en esta partida el incremento de costes por los refuerzos aplicados en el túnel principal.

Un total de 23,7 millones de euros servirán para las indemnizaciones por daños personales de los vecinos desalojados y de aquellos que perdieron sus enseres al ser derruidos los edificios que habitaban. Los daños morales fueron evaluados en 30.000 euros por persona para los que perdieron la vivienda y en 10.000 euros para quienes la conservaron pero han pasado meses enteros sin poder volver a ella.

La última de las partidas, por 15,6 millones de euros, es la destinada a cubrir los gastos de los hoteles en los que han sido alojadas las casi 1.000 personas que tuvieron que dejar sus casas a consecuencia del hundimiento, así como las dietas sufragadas durante todo este periodo. Buena parte de este dinero fue adelantado por el Ayuntamiento de Barcelona.

Los pagos efectuados por el municipio ascienden a 7,4 millones de euros, 6,5 millones correspondían a hoteles y 200.000 euros a las dietas. El Gobierno de la Generalitat catalana y el Ayuntamiento de Barcelona firmarán un convenio y en un mes esta cantidad será ingresada en las arcas municipales. La Generalitat confía en recuperar este dinero de los seguros contratados por las empresas que trabajaban en la obra.