Méndez de Lugo pide que el TSJA sea la última instancia en la comunidad
El presidente del TSJA, Augusto Méndez de Lugo, aseguró ayer que la remodelación del sistema de recursos judiciales pasa necesariamente por una "nueva y eficaz" redistribución de las competencias de los tribunales superiores para que éstos sean la última instancia procesal de la comunidad.
Después de recordar que los presidentes de los tribunales superiores de las distintas autonomías están de acuerdo con este planteamiento, Méndez de Lugo insistió en que éstos demandan su configuración como órganos jurisdiccionales en cuya sedes deben agotarse todas las instancias procesales que se hayan iniciado en el territorio, tal y como recoge el artículo 152 de la Constitución. "Esto, ni significa atrofiar el poder judicial ni significa atrofiar España. Significa darle encaje al poder judicial en el Estado de la Autonomías", apostilló.
Méndez de Lugo planteó esta reclamación en su comparecencia parlamentaria para explicar la Memoria Anual del TSJA de 2004, en la que se recoge que Andalucía registró el año pasado 18.783 denuncias por violencia doméstica, el 33% más que en 2003, de los que 1.921 de los procesos no continuaron por renuncia de la víctima. "Estamos ante un problema de proporciones importantes", dijo el presidente del alto tribunal andaluz, que destacó la importancia de las políticas de igualdad para acabar con esta lacra social y aseveró que el Estado de Derecho no "puede aceptar" la violencia de género como algo "inevitable".
En 2004, los juzgados de Primera Instancia e Instrucción incoaron 10.488 procesos de violencia doméstica y juzgaron a 2.126 personas por este motivo, de las que el 65% fueron condenadas y el 34%, absueltas.
En total, los juzgados de Primera Instancia, Instrucción y Penal de Andalucía enjuiciaron el año pasado a 8.514 personas por episodios de violencia en el ámbito familiar (el 90% españoles), ingresaron 25.320 asuntos, resolvieron 22.813 y dejaron pendientes 5.494 casos, frente a los 3.005 que quedaron pendientes en 2003. De las medidas cautelares adoptadas, 11.718 fueron de naturaleza penal, el 45% de ellas de alejamiento; otras 2.580 de carácter civil, el 33% de ellas relativas a la custodia de los hijos; y otras 2.642 civiles y penales.
