Las arcas de Marbella están en quiebra técnica
El Tribunal de Cuentas calificó ayer la situación financiera de Marbella de "quiebra técnica", al superar el desequilibrio patrimonial los dos tercios del capital social. El informe, que fue presentado ante la Comisión Mixta del Congreso de los Diputados, valora en 130,3 millones de euros el perjuicio ocasionado a las cuentas del consistorio para el período 2000-2001, gobernado por el fallecido Jesús Gil, por las irregularidades en la enajenación de parcelas o aprovechamientos urbanísticos.
Además, el PP denunció que el gobierno local podría verse abocado a devolver parte de los convenios firmados si éstos no se incorporasen al nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), cuyo avance fue presentado la pasada semana por la Consejería de Obras Públicas, con lo que la situación se complicaría aún más.
Las conclusiones del Tribunal de Cuentas, adelantadas a finales de diciembre, fueron presentadas por el presidente de la institución, Ubaldo Nieto, que denunció que los trabajos se han llevado a cabo sin la ayuda de los funcionarios municipales.
Nieto informó de que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha detectado ocho supuestos de posibles responsabilidades penales y 36 de posibles responsabilidades contables derivadas del informe de fiscalización del Ayuntamiento de Marbella durante el periodo 2000-2001.
Según dicho documento, se ha producido un perjuicio a los intereses municipales de al menos 83,5 millones de euros, como consecuencia de anomalías en la recalificación de terrenos, a los que hay que sumar diversos capítulos donde la institución ha apreciado irregularidades.
La gestión del consistorio marbellí se ha caracterizado por el incumplimiento de la legalidad, y el control de las operaciones financieras fue insuficiente, según concluye el Tribunal
. "El Ayuntamiento ha asumido el pago a acreedores de las sociedades municipales sin que en los expedientes contables conste documentación que acredite la contraprestación realizada", explican las conclusiones del Tribunal, que afirma que al no respetarse la normativa, se impide verificar la legalidad de esas operaciones, por considerarse no justificadas.
También se contabilizan proyectos sin justificar cuantificados en 11,7 millones, vinculados a la empresa Contratas 2000, del arquitecto Carlos Monteverde, con el que entre 1996 y 1999 se suscribieron 25 contratos para 73 obras. Gerencia de Compras y Contratación Marbella fue la unidad municipal encargada de la contratación de las obras, y, según las investigaciones, realizó la mayoría de adjudicaciones directamente a terceros, sin que consten estudios ni ofertas de otras empresas para verificar que los precios se ajustaban a mercado.
La portavoz popular, Ángeles Muñoz, alertó de las reclamaciones que le pueden llover al Ayuntamiento en caso de que se reforme el PGOU, porque gran parte de los convenios firmados con anterioridad podrían quedar fuera. Parte del importe de estos proyectos ya ha sido cobrada por adelantado por el Consistorio, por lo que, de no llevarse a efecto, tendría que devolver las cuantías cobradas. Muñoz pidió al Tribunal de Cuentas que determine las consecuencias a corto y medio plazo para el equipo de gobierno.
