El territorio se cubre de cemento

Cambio de nombre y de prioridades. La creación de la Consejería de Territorio y Vivienda, con la desaparición de la de Medio Ambiente, fue una de las principales novedades del primer Consell de Francisco Camps, que quiso así visualizar su apuesta electoral de colocar en el mercado 100.000 pisos asequibles y acometer una reforma legislativa que ordenara el crecimiento urbanístico. Al frente de esta tarea puso al consejero Rafael Blasco, que asumió estas prioridades con el compromiso de que no se abriría "ningún melón de la especulación". Su departamento puede presumir de haber sacado adelante la mayor producción legislativa del Consell, con cuatro normas aprobadas, pero esa labor ha quedado eclipsada por una gestión del territorio que ha situado a Blasco en el centro de las acusaciones de la oposición y de colectivos ciudadanos de permitir un desaforado desarrollo urbanístico, de abrir ese melón, y de alentar pelotazos como el acuerdo que autorizará al Valencia CF a construir su nueva ciudad deportiva en Riba-roja.

La reforma de la LRAU, anunciada al inicio de la legislatura, llega cuando la Comisión Europea ya ha abierto expediente de infracción a España

El tirón urbanístico de la última década ha desembocado en estos años en una vorágine que se revela en la presentación en cascada de planes de empresas y municipios para ocupar millones de metros cuadrados con nuevas residencias, y de proyectos de urbanizaciones con campo de golf. La mayor ocupación de suelo en la Comunidad Valenciana se ha producido en el último lustro, un crecimiento que no ha frenado la nueva Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje (LOTPP), aprobada en julio del año pasado. No establece moratoria sobre la construcción en la franja costera y la consejería aún prepara el reglamento que deberá limitar al 30% el crecimiento global de la Comunidad Valenciana y en mismo porcentaje sobre cada iniciativa municipal. En este compás de espera, la tardanza en modificar otra norma, la LRAU, impulsada en 1994 por el último Consell socialista, ha acelerado la carrera por acaparar suelo y la fiebre de nuevos PAI (planes de actuación urbanística), algunos de los cuales prevén hasta cuadruplicar los residentes de poblaciones en el interior de Alicante. La reforma de la LRAU, anunciada desde el inicio de esta legislatura, sólo llega ahora, después de que la Comisión Europea haya abierto un expediente de infracción a España por falta de transparencia y de control a raíz de una denuncia de la plataforma Abusos Urbanísticos No, que durante años ha criticado los excesos de la ley y la figura del agente urbanizador, y calcula que con ella se han impulsado proyectos que ocupan 120 millones de metros cuadrados de suelo rústico. Las críticas por movimientos especulativos y posibles pelotazos se suceden día a día. La consejería aprueba los nuevos planes urbanísticos, una validación que ha cuestionado hace poco con una denuncia ya archivada Acció Ecologista-Agró tras la salida de funcionarios encargados de trámites relacionados con la materia, la más sonada de ellas, la del director general de Gestión del Medio Ambiente, Javier Gómez, responsable de las declaraciones de impacto ambiental.

En el otro lado de la balanza, la consejería sitúa la paralización de la urbanización de 26 millones de metros cuadrados de suelo como muestra de control (y tramita expedientes por una cantidad similar); la exigencia de la LOTPP de aumentar las zonas verdes en los municipios; de realizar estudios de paisaje y contribuir a un fondo de equidad cuanto más suelo y agua consuman; la cesión de suelo no urbanizable equivalente al recalificado, o actuaciones como la fuerte multa impuesta a los promotores del complejo Atrium Beach, en La Vila Joiosa, por exceder en 11 las alturas permitidas, aún en pie.

Dentro de ese paquete legislativo con el que el Consell afirma que reconducirá el modelo de desarrollo valenciano, otra ley, la del Suelo no Urbanizable, apenas tiene seis meses de recorrido. Con ella, el Gobierno valenciano quiere extremar los controles sobre la transformación de terrenos rústicos, el objetivo de numerosas operaciones especulativas. Su debate en las Cortes tropezó con el anuncio de que el Consell tenía en cartera otra regulación, la de los campos de golf. La cauta apuesta del PP en la pasada legislatura por el impulso a estas instalaciones se ha convertido en una clara defensa del turismo vinculado a los campos de golf, en la que el propio Blasco ha alentado la polémica al no descartar su apertura en espacios naturales protegidos, si bien asegura que no se vincularán a urbanizaciones.

El debate urbanístico ha prevalecido finalmente sobre las medidas de protección medioambiental del paisaje, espacios naturales o la huerta introducidos en las nuevas normas y ha restado protagonismo a la gestión de la consejería en otras áreas, como la vivienda. Ante la subida constante del precio del suelo, el programa del PP para esta legislatura marca el ambicioso objetivo de facilitar el acceso a una vivienda "digna" a 100.000 familias. La consejería, además de sacar adelante una Ley de la Vivienda, afirma haber iniciado o finalizado cerca de 27.000 pisos protegidos, tener 3.700 solicitados y proyectos "cerrados" para otros 40.000, tras la firma de 33 convenios de colaboración con entidades financieras, sindicatos y administraciones. El impulso a la puesta en el mercado de pisos más baratos tampoco ha escapado a la controversia, que ha rodeado a las adjudicaciones de suelo y acuerdos con empresarios suscritos a través del Instituto Valenciano de la Vivienda.