Indignación
Desde mi condición de magistrado del TSJA y fiscal, excedente en ambas carreras, como tam-
bién por mi condición de abogado en ejercicio y, sobre todo, como ciudadano de este Estado, quiero reflexionar sobre algunos límites en el ejercicio de la abogacía para quienes hemos estado -algunos seguimos- vinculados a las carreras judicial y fiscal, y ahora defendemos intereses privados. El motivo de abordar estas reflexiones no es otro sino el hecho de que Javier Gómez de Liaño, magistrado expulsado de la carrera judicial por negar hasta tres veces la justicia que había jurado o prometido servir, ha prestado su saber al servicio de un procedimiento en Inglaterra en apoyo de narcotraficantes. Además, ha prestado estos servicios en contra de la posición que mantiene el Estado español en este procedimiento. Un procedimiento en el que ha alegado su condición de ex juez para reforzar su opinión. Gómez de Liaño, y vamos a llamar las cosas por su nombre, fue condenado como autor de tres delitos de prevaricación. Quiere esto decir que, al menos en tres ocasiones, ha sido declarado culpable de haber utilizado y aplicado la ley en contra de la ley y de la justicia. Gómez de Liaño, como todos sabemos, fue indultado por un Gobierno del PP. Lo hizo por razones que nadie quiere saber, ni investigar.
En estos casos es lícito reflexionar y preguntarse que, si es posible, en aquellos supuestos en que se ha sido expulsado de la carrera judicial por la vía del delito puede hacerse uso de la condición de juez para reforzar un dictamen pericial. Entiendo que no. En buena razón no puede uno servirse de una condición que se ha dejado de ejercer no por excedencia, por jubilación o por otra causa, sino, sencillamente, porque le ha sido retirada. No es juez. El título ha dejado de existir. El indulto evita el cumplimiento de la pena. Nada más.
De ahí que no se comprenda ni mucho ni poco que el CGPJ se lave las manos. Que diga que como es abogado no tiene nada que decir. Sí. Tiene que decir y mucho. Debería decir que este señor no pertenece a la carrera judicial, que sus títulos han sido borrados y, al menos, elevar una queja al Colegio de Abogados porque uno de sus colegiados utiliza como refuerzo una condición de la que carece.
En cualquier caso, estos posicionamientos parece que vienen a demostrar, una vez más, que quienes representan a los jueces parecen estar más dedicados a otros menesteres. Algunas reformas deberían llegar, y cuanto antes, mejor. Eso sí, mientras llegan, tal vez, algunos excedentes y jubilados podrían hacer constar la condición de abogado y, si merece la pena, añadir: "... en excedencia voluntaria, sin nota desfavorable en su expediente, sin haber cometido delito de prevaricación y sin haber sido indultado". A la vista de que el Consejo se lava las manos, y le es indiferente que se alegue la condición de juez por una persona que está privada de ella, es lo menos que pide una situación esperpéntica e indignante.
