Los grupos católicos ven insuficiente el endurecimiento de los requisitos para recibir la píldora poscoital

La Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa) aseguró ayer que es "insuficiente" el acuerdo adoptado por el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, para endurecer los requisitos impuestos para que las adolescentes de 13, 14 y 15 años reciban la píldora poscoital en los 14 centros municipales de salud. A partir de ahora, estas jóvenes sólo recibirán la píldora previo el permiso paterno. La Concapa "celebra que en estos tiempos en que raramente un político rectifica, Gallardón haya tenido la gallardía de rectificar".

La Concapa también afirmó que "seguirá denunciando que con dinero público se suministren pastillas abortivas a menores de edad, sin el consentimiento de sus padres o tutores, que son los que tienen el derecho y deber de cuidar de su educación y formación". Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) cataloga la píldora del día siguiente como un medicamento anticonceptivo y no abortivo.

Asimismo, fuentes de la confederación católica aseguraron que continuarán "exigiendo" que el alcalde se comprometa públicamente a no suministrar la poscoital sin contar con el consentimiento de los padres o tutores de los menores. Si no fuese así, Concapa "solicita" a las familias madrileñas que denuncien al regidor por interferir en la formación de sus hijos.

Por otro lado, el vicepresidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco, consideró "una sabia rectificación" la decisión del Ayuntamiento. Blanco afirmó que la píldora poscoital "no es un tratamiento médico anodino, sino de gran relevancia", y consideró la decisión "coherente con la legislación española en la materia y con el sentido común".

Gallardón, negó haber actuado por presiones externas. "Se trata de salvar una laguna legal" sobre las condiciones de dispensación de este fármaco a menores de 13 a 16 años. Salvada esa "laguna legal", Gallardón aclaró que no entra en la "libertad de prescripción del médico". Y explicó que tomó esta decisión después de que se produjera el primer caso de una menor de 16 años que, junto con uno de sus progenitores, fue a uno de los centros.