Dos asociaciones con 51.000 policías y guardias apoyan el diálogo con ETA

El Sindicato Unificado de la Policía (SUP), mayoritario en el cuerpo, con 28.000 afiliados, y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), con 23.000 asociados, han mostrado su apoyo a la resolución del Congreso que autoriza a negociar con ETA si ésta se rinde. Ambas entidades afirman que "nunca" se le han planteado a la banda "condiciones más exigentes" para empezar a hablar como ésta. En lo que no están dispuestas a transigir es en que se reduzca "ni un solo día de cárcel" a los presos etarras con delitos de sangre. De los 817 asesinados por ETA, 434 eran guardias, policías o familiares.

El SUP, con 28.000 de los 50.000 miembros del cuerpo entre sus afiliados, hizo público ayer un comunicado titulado El diálogo con ETA en el que da su apoyo al hipotético comienzo de las negociaciones, siempre que la banda se rinda, y escribe qué estaría dispuesto a conceder y qué no. La AUGC (con 23.000 de los 70.000 miembros del cuerpo asociados) abordó el asunto en la reunión de su junta directiva nacional del miércoles.

Las dos entidades, próximas a la UGT y al PSOE, consideran que debe darse un margen de confianza al actual Gobierno para intentar acabar con la violencia etarra, siempre que se respete el principio de que ETA deje las armas. El SUP es taxativo en el comunicado que difundió ayer: "Exigir como condición previa al diálogo la renuncia definitiva a la lucha armada es exigir la rendición de ETA".

La comisión ejecutiva nacional del sindicato considera que la resolución aprobada por el Congreso "contiene las condiciones más exigentes que se han planteado nunca a la banda. Ni en 1978, ni en 1989, ni en 1999 se exigió a los terroristas como condición previa para el diálogo el abandono definitivo de la lucha armada". El sindicato que dirige José Manuel Sánchez Fornet explica que mientras ETA mataba o hacía "un paréntesis en su actividad criminal, tres Gobiernos de distinto signo (UCD, PSOE y PP) se han sentado a hablar con miembros de ETA".

El SUP y la AUGC, presidida por Fernando Carrillo, coinciden en que, en caso "de que ETA se rinda y se produzca el diálogo" se opondrán en firme "a la reducción de ni un solo día de cárcel para terroristas implicados en delitos de sangre". Lo más que se consentiría es que fueran acercados a cárceles vascas, ya que "la dispersión tiene sentido para combatir a ETA y deja de tenerlo si desaparece".

Ése sería el "único precio" que estarían dispuestos a pagar por el fin del terrorismo etarra, junto con "el estudio individualizado y la reducción de condenas a terroristas sin delitos de sangre que manifiesten su apoyo al fin de la violencia". A día de hoy, están encarcelados en España 550 miembros de la organización terrorista.

La postura de la AUGC, que el miércoles reunió a su junta directiva nacional para abordar éste y otros asuntos, fue explicada ayer telefónicamente por su presidente, Fernando Carrillo. "Lo que nosotros estamos diciendo es que debe darse un margen de confianza a la mayoría parlamentaria que ha aprobado la resolución del Congreso", asegura. Carrillo advierte de la gran diferencia entre anteriores procesos negociadores y eventualmente se pudiera producir en la actualidad: "Hasta ahora no había habido una exigencia de que se dejaran las armas y, hasta ahora, siempre estos procesos los habían llevado los Gobiernos y con sigilo. Ahora se hace a cara descubierta".

Las dos entidades, además, exigen tanto al Gobierno como al Partido Popular "la misma responsabilidad" de que han hecho gala en la lucha contra el terrorismo los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "Tenemos que pedirle a los grupos mayoritarios, sobre todo al PP, que dejen de utilizar las víctimas y el terrorismo como moneda de cambio política y que intenten el consenso", subraya Carrillo. "Las dos grandes fuerzas políticas de este país tienen que parar y sentarse a hablar", agrega Sánchez Fornet.

434 muertos

El SUP recuerda que "434 policías, guardias civiles, esposas e hijos han muerto" a manos de ETA desde 1968. La banda ha asesinado a 817 personas, de las que 198 son guardias (el cuerpo más golpeado), 145 miembros de la policía, 339 civiles, 97 militares y 38 miembros de otros cuerpos de seguridad, como la Ertzaintza (13).

El resto de sindicatos policiales y asociaciones representativas de la Guardia Civil mantienen posturas discordantes. La Unión Federal de Policía (UFP) también es partidaria de dar un margen de confianza al Gobierno, mientras que la Confederación Española de Policía (CEP) estima que se le están dando demasiadas facilidades a ETA. No obstante, ninguno de los dos sindicatos ha tomado aún una posición oficial al respecto.

El presidente de la Asociación Independiente de la Guardia Civil, Joaquín Parra, subraya que esta entidad -que se reputa como la segunda con más asociados en el cuerpo- está "a la expectativa y en situación de prudencia". "Si el proceso puede suponer una mejora para la sociedad, estaríamos dispuestos a contribuir", precisa Parra, quien asegura haber detectado "un rechazo a ese diálogo entre los guardias de base". La Unión de Oficiales de Guardia Civil (120 oficiales asociados, de alféreces a tenientes coroneles) se muestra a favor de un "tanteo" de la banda, pero sin dejar de golpearla. "Hay que derrotarlos y negociar desde la derrota o la rendición. Pero no puede haber concesiones a presos con delitos de sangre. Estamos en el total apoyo a las víctimas", asegura su portavoz, Santiago Casero.