La triple B y el Estatut

A lo mejor les suena ya lo de la triple B. Sin embargo, y para zanjar de cuajo cualquier asomo de inquietud o duda que pueda sugerir el título de este artículo, les diré de antemano que nada tiene que ver lo que sigue con el triunvirato global Bush-Blair-Berlusconi, quienes no guardan ninguna relación, hoy por hoy, con el debate del Estatut. Me refiero aquí a algo mucho más profano: a las tres b de la ecuación believing (creer), belonging (pertenecer) y behaving (actuar).

Algunos sociólogos hacen uso de esa tríada para diagnosticar las posibilidades de futuro y la viabilidad de determinadas instituciones y estructuras sociales. El razonamiento básico viene a ser el siguiente: en una sociedad compleja y difusa -y la sociedad posmoderna sin duda alguna lo es-, la previsión de éxito de cualquier iniciativa o proyecto viene determinada por la capacidad de sumar buenas dosis de convicción y adhesión a la acción que se esté desarrollando.

Traslademos directamente esa reflexión a la política catalana y, en concreto, al debate del Estatut. El proyecto estatutario saldrá adelante -como es voluntad de la gran mayoría de las fuerzas políticas del arco parlamentario catalán- en tanto que el conjunto de partidos y líderes políticos sepamos aunar y catalizar importantes dosis de compromiso en relación con unos determinados objetivos y ambiciones; es decir, en cuanto sepamos trasladar con fuerza el mensaje de que sabemos lo que pretendemos con el nuevo Estatut, de que creemos en ello y estamos convencidos de que vale la pena conseguirlo. En segundo lugar, en cuanto que estemos convencidos de pertenecer a una nueva generación de políticos a quienes se exige estar a la altura de las circunstancias y reconocer la singularidad y la oportunidad del momento para avanzar considerablemente en nuestro autogobierno y autonomía financiera. Y en tercer lugar, en tanto que estemos dispuestos a negociar y ceder en todo lo accesorio, sí, pero a no renunciar ni retroceder un ápice en lo que consideramos sustancial de nuestros derechos y aspiraciones, sostenidas, por otro lado, por amplios criterios de justicia y razonabilidad.

Como primera fuerza del país y como nacionalistas, en CiU creemos en la necesidad de aprobar un buen Estatut, que dé a Cataluña los instrumentos y las competencias necesarias para decidir sobre aquello que más afecta y afectará en un futuro inmediato a la sociedad catalana, y un nuevo sistema de financiación basado en un acuerdo económico con el Estado que, sin negar ninguna cuota de solidaridad a nadie, limite sustancialmente la aportación de Cataluña al Estado y frene de una vez por todas la sangría económica de un déficit fiscal anual de hasta el 9% de nuestro PIB. Apostamos por un sistema de financiación que garantice nuestra suficiencia económica, nuestras posibilidades de crecimiento y nuestra capacidad de diseñar y aplicar proyectos avanzados en el ámbito de las políticas sociales, de seguridad, infraestructuras, medio ambiente o educación. La propuesta de financiación del tripartito -una propuesta insuficiente que, en palabras del mismo consejero Castells, está sujeta a rebajas en la negociación con el Gobierno central y que ni siquiera tiene en cuenta un dato tan decisivo como la inversión del Estado en Cataluña- no colma en absoluto las expectativas más razonables. El Gobierno catalán justifica y defiende su propuesta alegando que se trata de un paso adelante en relación con el acuerdo de 2001, por el que el Estado cedió a la Generalitat el 33% del IRPF, el 35% del IVA y el 40% de algunos impuestos especiales. Sería como mínimo impresentable si no fuera así. Por otro lado, si bien teniendo en cuenta las circunstancias de 2001 se logró un buen acuerdo, no hay que olvidar que en aquel momento no estábamos en proceso de reforma estatutaria ni existía, por tanto, la posibilidad de proponer con garantías de éxito un sistema de financiación que nos permita salir del actual callejón sin salida. Hoy sí existe esta posibilidad. ¿Aplazaremos de nuevo sine die la resolución de una cuestión tan importante?

Somos conscientes de la singularidad y trascendentalidad del momento y de nuestra responsabilidad en tanto que somos el único partido aritméticamente decisivo para la aprobación del Estatut en el Parlament de Catalunya. Sin embargo, hay algo que va más allá de esta legítima consideración: el nuevo Estatut no es el proyecto de un partido ni tan sólo de un gobierno. El Estaut es una apuesta generacional y de país, como lo fue en su momento el de 1979. Pertenecemos a una generación de políticos que tiene ante sí el reto y la oportunidad histórica de facilitar -o no- un importante salto adelante. En este sentido, cabe preguntarnos si hasta hoy la clase política y los medios de comunicación hemos hecho todo lo que estaba a nuestro alcance para que los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña tomen conciencia de lo mucho que nos estamos jugando y lograr un cierto grado -necesario- de movilización y apoyo social al proceso. Lo cierto es que los miembros del tripartito han preferido, lamentablemente, un debate de vuelo gallináceo, superficial, de poco calado, mirando más hacia el pasado que hacia el futuro, más pendientes de las reacciones y las voces de Madrid que de las necesidades de nuestro país.

Finalmente, en Convergència i Unió (CiU) estamos convencidos de la necesidad de lograr un amplio consenso en el Parlamento catalán como mayor garantía de éxito del nuevo texto en el trámite posterior ante el Congreso de los Diputados. Estamos actuando consecuentemente con ello en los trabajos de la ponencia parlamentaria. Pero existe una exigencia anterior a esta que viene determinada por nuestra condición de fuerza nacionalista y mayoritaria: nuestro compromiso con el país y con nuestro electorado. El mayor riesgo, la mayor hipoteca y la peor trampa en la que se puede caer es la de aprobar un Estatut de puro trámite, de mínimos, para salir del paso, hecho a medida de un PP y un PSOE a quienes no les interesa un escenario demasiado abierto en Cataluña. Dejarse llevar por esa tentación puede ser el peor escenario y la máxima irresponsabilidad en la que pueden caer los partidos que forman parte del actual Gobierno de la Generalitat: quedarnos con un estatutet durante 20 o 30 años más. Una política responsable implica dos cosas: no hacer nada que suponga un peso difícil de conllevar para las generaciones venideras y hacer posible la política en el futuro. Un Estatut y un sistema de financiación insuficientes no sólo supondrán una hipoteca segura, sino que harán inviable la política -decidir, no sólo gestionar- en cuestiones clave para el futuro de nuestro país.

"Cada cosa tiene su momento" se dice en el Eclesiastés, uno de los libros más prácticos, preclaros y de mayor sentido común del canon bíblico. Pues bien, ahora es el momento de poner todo nuestro empeño al servicio nuestras aspiraciones colectivas: ¿renunciaremos a esa oportunidad?

Felip Puig es portavoz de CiU en el Parlament de Catalunya.