Un encuentro sindical plantea que el acoso sexual se considere riesgo laboral

El catálogo de enfermedades laborales excluye las patologías que afectan en mayor medida a las trabajadoras, como es el caso de los cuadros provocados por la doble jornada que asumen muchas mujeres. Varias especialistas, que participaron en un foro organizado por UGT Andalucía, reclamaron también que se tipifique como accidente de trabajo los problemas de salud derivados del acoso sexual.

El 50% de los expedientes que ha abierto la abogada laboralista Rocío Mateo desde 2002, cuando arrancó el servicio de defensa legal de trabajadoras que atiende en UGT-Andalucía, obedece a casos de acoso sexual. No todos prosperan, ni todos se ganan. A veces, la abogada tiene la sensación de que incluso pierden cuando ganan. "Tengo que decir que el acoso sexual sale gratis, las indemnizaciones judiciales son ridículas", confesó en respuesta a la pregunta de uno de los asistentes a la jornada organizada el miércoles por el sindicato sobre La salud laboral de las mujeres en Sevilla.

Mateo citó la reciente sentencia de un juzgado de lo penal de Jaén que multa con 300 euros a un acosador y otra de Granada que impone 1.200 euros por daños morales a una trabajadora. "Cometemos un error si tratamos el acoso sexual como infracciones, es más seguro derivarlo hacia el riesgo laboral", apuntilló la profesora de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Complutense, Yolanda Sánchez-Urán. "Es un problema de enorme envergadura porque el riesgo laboral no es el acoso laboral en sí, si no sus consecuencias", aclaró.

En opinión de la profesora, la tipificación como riesgo laboral de los problemas derivados del acoso ayudaría a rebajar la actual inseguridad jurídica y dejaría "menos margen para la actuación discrecional del juez". "Cuanto más se objetive más fácil es su persecución y más difícil que se cometan fraudes, porque ahora puede haber mujeres que declaren que han sufrido acoso sexual sin haberlo sufrido", agregó.

Sánchez-Urán citó un convenio provincial de Cádiz del sector sanitario que incluye dentro de los riesgos laborales los derivados del acoso sexual como el único ejemplo que conoce donde se ha avanzado en esa dirección pero advirtió que la tendencia general incluye el acoso sexual dentro del capítulo disciplinario y no el de la salud laboral. "La negociación colectiva tiene que adoptar el papel que no toma el legislador", subrayó.

En su intervención, Rocío Mateo defendió asimismo la consideración del acoso sexual como accidente de trabajo y recordó una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 1989 que fue la primera en reconocerlo. Mateo señaló que a pesar de no estar considerado como riesgo laboral en la actual legislación, existen vías para declararlo como enfermedad laboral y obligar a la empresa a velar por erradicarlo.

De los 16 procedimientos por acoso sexual que se han concluido desde que se puso en marcha el servicio de defensa legal de UGT, el 38% de las sentencias fueron condenatorias y un 6% fueron absolutorias. Sin embargo, el 25% de las trabajadoras que denunciaron desistieron durante el proceso. El sobreseimiento zanjó el otro 31% de los casos.

La secretaria de la Mujer de UGT-Andalucía, Lola Gavilán, lamentó el escaso conocimiento existente sobre la salud laboral de las mujeres, sobre la que apenas se dispone de datos específicos, y sobre la que tampoco se vela en los convenios colectivos. "El único aspecto que tocan el conjunto de medidas laborales tiene que ver con la protección de la reproducción, el embarazo y la maternidad", explicó.

Gavilán reclamó que se tengan en cuenta problemas de salud como "el estrés por la doble carga" que sufren las mujeres. "La sociedad nos obliga a ser las cuidadoras y al mismo tiempo nos penaliza por ello", censuró."No podemos promocionarnos ni formarnos por ser cuidadoras y soportamos enfermedades arrastradas por este motivo como el estrés, la fatiga, las depresiones o los dolores musculo-esqueléticos", agregó la sindicalista, que reclamó que se consideren enfermedades laborales.