Naufragio en Uruguay

La aventura de un consorcio de empresas vascas en el negocio del agua en Uruguay camina hacia un desenlace muy deslucido. Seis años después de su desembarco al otro lado del Atlántico, los tribunales parecen ser el destino final de la empresa Uragua, participada por la eléctrica Iberdrola (49% del capital), la BBK (25%), la SPRI, sociedad de promoción industrial del Gobierno vasco (13%), y el Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia (13%). Ya hace dos años, la firma decidió plegar velas e iniciar las gestiones para desprenderse de la concesión del abastecimiento y el saneamiento de aguas de amplias áreas urbanas de Uruguay que obtuvo para un periodo de 30 años.

El consorcio vasco, que se sumó al descubrimiento del Cono Sur por otras empresas españolas en los años noventa, considera que el contrato debe rescindirse, con el pago de la correspondiente indemnización a su favor, tras el referéndum celebrado en octubre en Uruguay, que aprobó que servicios esenciales como el agua deben ser gestionados por la Administración. El Gobierno del país suramericano replica que Uragua ha incumplido los términos de la concesión y debe ser multada por ello.

Ni la empresa ni los cuatro socios vascos ofrecen datos sobre sus pérdidas

Uragua fue constituida para participar en 1999 en el concurso internacional convocado para otorgar la concesión del saneamiento y el abastecimiento de las zonas turísticas uruguayas de Punta del Este, Maldonado y Piriápolis, donde residen cerca de 375.000 personas. La concesión era por 30 años y suponía el pago anual al Gobierno uruguayo de un canon que ascendía a más de medio millón de euros.

Las buenas perspectivas del negocio comenzaron a truncarse en 2002, con la crisis económica que sacudió Uruguay y supuso la devaluación de su moneda. Aquí nació el problema, ya que Uragua cobraba a sus abonados en pesos, pero pagaba al Gobierno en dólares. El cambio, cifrado hasta entonces en 17 pesos por dólar, se disparó hasta los 35.

Ni la empresa como tal ni los cuatro socios que la integran han ofrecido datos sobre las pérdidas que les ha supuesto ya la aventura fallida: sólo figuras referencias en un informe del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, que hace tres años cifró en cerca de un millón de euros las pérdidas atribuidas al Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia, uno de los socios minoritarios.

El nuevo panorama llevó al consorcio vizcaíno a iniciar en 2003 las negociaciones para vender su parte de la compañía, ya que la concesión incluía el pago de una penalización de 20 millones de euros que Uragua habría que abonar al Ejecutivo de Uruguay en caso de una rescisión por parte de la empresa vasca. Sin embargo, las gestiones no fructificaron. Así las cosas, se abrió una oportunidad imprevista: en octubre pasado, coincidencia con las elecciones uruguayas que dieron la presidencia a Tabaré Vázquez, los ciudadanos aprobaron en referéndum una propuesta que establece que servicios esenciales como el suministro de agua no pueden ser gestionados por la iniciativa privada. Con este imperativo se soslayaba la complicada tarea de venta y se abría la posibilidad de una salida menos problemática. Uragua reclama una indemnización, que cifra en 14 millones, por la ruptura de la concesión, a la que le restan otros 25 años de vigencia.

La solución se ha complicado porque el Gobierno uruguayo aduce que el referéndum no tiene carácter retroactivo, rechaza cualquier indemnización y amenaza con multar a Uragua por, según un informe de su Administración, incumplimientos en el contrato sobre la ejecución de obras de saneamiento por parte de la concesionaria. "Han cometido atrasos en la construcción de obras de infraestructura. Desde 2002 dejaron de invertir", ha asegurado Carlos Colacce, presidente de la empresa estatal Obras Sanitarias del Estado.

La respuesta de Uragua ha sido anunciar que acudirá a los tribunales, inicialmente con una demanda de conciliación, por "la ausencia de una actitud proactiva y ajustada a derecho" de la Administración uruguaya. La empresa asegura que el referéndum declara "extinguida" la concesión, por lo que el servicio debe ser prestado por el Estado, que debe proceder "al pago de la indemnización que se establece en la propia reforma constitucional". La firma vasca asegura que hasta el pasado mes de octubre ningún organismo público cuestionó, "técnica ni formalmente", incumplimientos en la concesión del servicio de agua.