Las autoridades de Bosnia investigan una presunta conexión local con el 11-M

Las autoridades de Bosnia, un país de mayoría musulmana profundamente dividido por las guerras étnicas, investigan una presunta conexión en su territorio con los terribles atentados del 11-M en Madrid, y el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, en visita oficial, se interesó ayer por esas pesquisas, que siguen abiertas. El jefe de la diplomacia española no se mostró, sin embargo, muy convencido de que vayan a dar resultado positivo.

Los interlocutores bosnios de Moratinos aseguran que, hasta ahora, no se ha encontrado ninguna prueba de esa conexión.

La peculiar pista bosnia del 11-M, conocida por el Gobierno pero no por la opinión pública española, surgió en un ambiente político sospechoso, por viciado, de enfrentamiento entre los serbios, musulmanes y croatas de esta región que, una década después del cese oficial de las hostilidades, apenas puede llamarse Estado, ya que las heridas entre comunidades siguen abiertas. Su origen está en un comentario de Dragomir Andan, jefe de la policía de la llamada República Sprska, la entidad serbia que conforma Bosnia Herzegovina junto a la federación croata-musulmana. Andan declaró hace diez días que los autores de los atentados del 11-M habían sido entrenados en Bosnia y que en este país se habían fabricado también al menos parte de los elementos empleados en la preparación de las mochilas-bomba.

Moratinos, que el martes expresó "preocupación" cuando periodistas de Belgrado le pidieron su reacción a estas noticias, declaró ayer en Sarajevo que "se están verificando los detalles" de lo dicho por Andan y de la investigación que las autoridades bosnias han abierto a raíz de su intervención. Pero añadió que "no parece que haya nada de extraordinario" en los resultados de la misma.

Mladen Ivanic, ministro nacional de Asuntos Exteriores, de etnia serbia, afirmó que "no se ha encontrado ningún tipo de prueba ni de indicios" y aseguró que las autoridades bosnias "investigan muy a fondo todas las informaciones que indican que personas que se instalaron en su territorio durante la guerra son hoy terroristas". El 24 de julio de 2001, la SFOR, la fuerza internacional de estabilización de Bosnia, desarticuló una organización terrorista que preparaba atentados contra bases de la OTAN y que parecía estar conectada con Al Qaeda.

Barisa Colak, ministro del Interior, de etnia croata y más próximo a los musulmanes, coincidió ayer con su colega de Exteriores en que "no hay ninguna confirmación" de la pista bosnia del 11-M, pero fue mucho más tajante en el rechazo de lo dicho por el jefe de la policía serbia. "Mi opinión es que habría que tomar medidas contra quienes hacen estas declaraciones que crean inestabilidad sin prueba, probablemente por razones puramente políticas", explicó.

El incidente ilustra lo difícil que es implantar un sistema de seguridad, si cabe la posibilidad razonable de que una de las partes, la serbia en este caso, lance una pista de este tipo con el objetivo de desprestigiar a las instituciones comunes y acusar implícitamente al colectivo musulmán.

Mando policial unificado

Esta es precisamente la razón por la que la Unión Europea ha suspendido las conversaciones con Bosnia Herzegovina previas a la negociación de un Acuerdo de Asociación, una coyuntura que marca las declaraciones del policía serbio. Bruselas condiciona la reanudación del diálogo a una mayor integración de las policías de las tres comunidades. Los serbios rechazan esa propuesta. Lo que la UE quiere es que el mando nacional centralizado de la policía funcione efectivamente, lo que no ocurre ahora, y distribuya las fuerzas por el territorio con criterios funcionales, y no étnicos.

Paddy Ashdown, representante de la comunidad internacional, tras entrevistarse ayer con Moratinos, informó de que el próximo lunes habrá una posibilidad de reanudar el diálogo, y animó a las autoridades de la entidad serbia a que "tengan el coraje de cumplir las normas europeas".

Moratinos firmó un acuerdo de cooperación por el que se conceden 600.000 euros al Ministerio del Interior bosnio para informatizar su unidad contra el blanqueo de dinero, delito muy relacionado con el terrorismo.