Alternativas a la 'directiva Bolkestein'

La llamada directiva para la liberalización de servicios, conocida también como directiva Bolkestein, en referencia al ex comisario holandés que la impulsó, se encuentra en estos momentos en fase de discusión en el Parlamento Europeo. Han sido éstos unos días de cierta confusión. Por un lado, Jacques Chirac, en pleno debate euroconstitucional y sin duda influenciado por la creciente movilización de sindicatos y movimientos sociales contrarios a la directiva, insistió en que el texto volviera a la Comisión para ser revisado. Por su parte, Durão Barroso, presidente de la Comisión, se resiste a revisar el texto a la espera de que el Parlamento Europeo se pronuncie. Por nuestra parte, en mayo debe votarse el informe correspondiente en el comité de Mercado Interior (IMCO), junto con las opiniones de otros comités (entre ellos, el de mujeres e igualdad de oportunidades, FEMM, que hemos votado en abril). En plenaria, la discusión y voto tendrán lugar finalmente en junio.

Esta propuesta de directiva ya ha sido bautizada maliciosamente en el seno de las movilizaciones ciudadanas como la directiva Frankenstein, por lo monstruoso de algunos de los aspectos que propugna. Y es que no es para menos.

No hay nada malo en querer reducir las barreras injustificadas a la libre circulación de servicios en el marco de un mercado único, siempre y cuando se haga de forma responsable, garantizando que ello no menoscabe los derechos sociales y ambientales, y avanzando hacia una armonización a escala europea de la legislación sobre servicios. Tal y como está planteada, sin embargo, y teniendo en cuenta especialmente el llamado principio del país de origen, lo que hace esta propuesta de directiva es fomentar tres tipos de dumping: social, ambiental y normativo. Cabe señalar, además, que las mujeres son uno de los grupos que más negativamente se vería afectado con la entrada en vigor de dicha directiva.

En otras palabras, la directiva Bolkestein supone una clara amenaza para el Estado de bienestar europeo, por lo que lo más razonable sería retirarla, y que en su lugar, tanto la Comisión como los Estados miembros, priorizaran el desarrollo de programas europeos en el marco de la estrategia europea para incrementar el empleo y la igualdad de oportunidades en el sector servicios, en especial en los ámbitos de la protección ambiental, de los servicios sociales, de la cultura y de la movilidad.

No obstante, y asumiendo que hoy por hoy la correlación de fuerzas en el Parlamento Europeo hace que sea difícil confiar en que la Eurocámara propondrá retirar el texto, lo que sí es factible, al menos, es intentar modificarlo en algunos aspectos claves. Ahí van algunas propuestas concretas que hacemos desde el Grupo Verdes/ALE del Parlamento Europeo: la Comisión debería, en primer lugar, empezar por proponer una directiva que definiera los principios fundamentales de los servicios públicos, y por establecer las condiciones que garanticen su financiación pública y el acceso generalizado a ellos, sin discriminación en términos de situación social o de lugar de residencia. Segundo, la Comisión debería llevar a cabo una evaluación del impacto de las liberalizaciones sectoriales ya emprendidas en el campo de los servicios antes de proponer una nueva liberalización. Tercero, la Comisión debería proponer una mejora de la directiva con relación al desplazamiento de trabajadores y trabajadoras para fortalecer los derechos de estas personas y el diálogo social, extender su campo de aplicación e incluir totalmente los convenios colectivos. Finalmente, un enfoque alternativo sobre un número determinado de servicios comerciales debería ser coherente con el objetivo de la armonización comunitaria y apoyarse sobre los siguientes principios: a) deberían excluirse los servicios públicos del ámbito de la directiva, lo que implica que ésta debe basarse en un campo limitado que incluya una lista positiva de sectores que deberían estar cubiertos en lugar del enfoque actual en que se incluyen todos, por defecto, y se hace una lista negativa de los excluidos; b) sustituir el principio del país de origen por el de país de acogida mientras no haya armonización fiscal y social al alza a escala europea; c) es preciso que exista un método abierto de coordinación sobre la libertad de establecimiento antes que un enfoque legislativo, con objeto de comparar las exigencias de los Estados miembros en el marco de la prestación de servicios y de avanzar progresivamente hacia una mayor convergencia en la perspectiva de una futura armonización; d) la creación de oficinas únicas y de otros instrumentos administrativos para facilitar el acceso de los prestatarios de servicios a las informaciones pertinentes y de mejorar la cooperación administrativa entre los Estados miembros.

Raúl Romeva es eurodiputado por ICV (Grupo Verdes/ALE del Parlamento Europeo) y miembro de la Comisión de Mujeres e Igualdad de Oportunidades.