Pesimismo animado

Sobre la base del axioma según el cual el único destino de ETA es "disolverse y entregar las armas" (sin que ese desenlace pudiese implicar nunca el pago de "un precio político" por el Gobierno), una moción del Grupo Socialista aprobada ayer por la mayoría del Congreso -con el voto en contra del PP- reabre las perspectivas de eventuales "procesos de diálogo entre los poderes competentes del Estado y quienes decidan abandonar la violencia" en el exclusivo supuesto de que se produjesen las condiciones adecuadas y se constatase "una clara voluntad" y "una actitud inequívoca" en tal sentido de la banda. La resolución no es una novedad doctrinal, sino la reiteración de una cláusula habitual de los acuerdos antiterroristas que contaron con el voto de los populares desde el Pacto de Ajuria Enea de enero de 1988 hasta una moción del Congreso de 14 de mayo de 1998. Si el presidente Zapatero hiciera uso de esa habilitación parlamentaria, retomaría el camino emprendido previamente por sus antecesores en el cargo con diferentes resultados: Leopoldo Calvo-Sotelo logró en 1981 la disolución de ETA político-militar, pero tanto Felipe González (Argelia, 1989) como Aznar (Zúrich, 1999) fracasaron en sus tratos con ETA militar.

Las bombas explosionadas en la madrugada del domingo por ETA sonaron como una negativa anticipada de los terroristas a escuchar la oferta del Congreso: si los desalentadores precedentes de 1989 y 1999 tuviesen el valor de prueba dirimente, pocas dudas restarían sobre la inutilidad del esfuerzo. De añadidura, no faltan motivos para recelar de la oportunidad de la moción parlamentaria: además de prestar oídos sordos a la propuesta, la banda terrorista podría interpretar su mero enunciado como un signo de debilidad del Estado, cobrando así nuevos ímpetus su actividad criminal y aprovechando la ocasión -como en 1998- para reponer fuerzas y reorganizarse. En cualquier caso, los pronósticos en este ámbito resultan endiablados: la opacidad de los procesos de toma de decisión de las bandas terroristas y la irracionalidad de los grupúsculos ideologizados y violentos hacen azaroso cualquier diagnóstico. La falta de respeto mostrada por ETA hacia las reglas de juego en cualquier negociación (baste con recordar su deslealtad con el PNV y EA al revelar en abril de 2000 el pacto secreto entre los tres de 1998) hace presumir que tampoco vacilarían en engañar a sus interlocutores.

Si resultara improbable que una organización como ETA estuviese dispuesta a abandonar las armas sin cobrar un precio político a cambio y fuera previsible su voluntad de instrumentalizar las ofertas de diálogo de los Gobiernos democráticos para ganar tiempo y mejorar sus posiciones, ¿tendría sentido la moción aprobada ayer por el Congreso? El optimismo antropológico del que presume Zapatero no sería indispensable para contestar -con las debidas cautelas- de manera afirmativa; tal vez bastase con el pesimismo animado que Dionisio Ridruejo defendía durante su exilio en 1963 (Materiales para una biografía, edición de Jordi Gracia, Fundación SCH, 2005, pág. 347). En cualquier caso, la grosera falsificación y la manipuladora caricatura de la moción parlamentaria socialista perpetradas con cínica alevosía por los dirigentes del PP, a fin de presentar la iniciativa del presidente del Gobierno como una "traición a los muertos" y como un anticipo del "precio político" pagado a la banda terrorista contra la entrega de las armas, constituyen una obscena villanía.

¿Cómo negar a Zapatero el derecho a explorar un camino para acabar con la violencia que le fue reconocido -en cambio- por la oposición a Suárez, Calvo-Sotelo, González y Aznar? Aunque el entonces ministro del Interior Mayor Oreja advirtió a su presidente -gracias a un topo infiltrado- de que el alto el fuego declarado por ETA en septiembre de 1998 era una tregua-trampa, Aznar dio tratamiento oficial al MLNV (las siglas de Movimiento de Liberación Nacional Vasco utilizadas por ETA para hacerse respetable), ordenó el acercamiento de presos al País Vasco y envió una delegación formada por el secretario de Estado de Interior y dos miembros del gabinete presidencial a entrevistarse, primero en Burgos con representantes de Batasuna y después en Zúrich -reforzada cristianamente por el obispo Uriarte- con la cúpula de ETA.