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La comisión del Carmel denunciará el "descontrol" en las obras del metro

Los partidos aseguran que no hay pruebas del pago de comisiones

Las obras del túnel de maniobras de la línea 5, el que se hundió en el barrio del Carmel, carecían de un control suficiente por parte de la Administración y no fueron bien ejecutadas. Éstas son algunas de las escasas coincidencias entre los grupos parlamentarios, que ayer presentaron sus conclusiones en la comisión sobre el hundimiento y sobre la adjudicación de la obra pública. Hoy pactarán la resolución que irá al pleno. Hay alusiones al pago de comisiones con el añadido de que no se han encontrado pruebas.

Los partidos coincidieron al atribuir a múltiples causas el desprendimiento del túnel de maniobras. Una tesis que ya había sido avalada por los técnicos que han trabajado junto a los diputados en la comisión. Las diferencias empiezan a la hora de atribuir responsabilidades. Los documentos de los grupos que apoyan al Gobierno (PSC, ERC e ICV) denuncian deficiencias en los proyectos de ampliación de la Línea 5, el original (aprobado bajo el mandato de CiU) y el modificado, que nunca se aprobó. En cambio, el texto de la federación nacionalista sólo critica el proyecto modificado y sitúa los problemas más en la ejecución de las obras que en su planificación.

Las conclusiones del PSC reparten responsabilidades entre GISA, la Dirección General de Transportes, la dirección de obras, la UTE constructora y los gobiernos implicados, el de CiU y el actual. Según el texto, el tripartito "apostó por la continuidad" de la obra, pese a que podía haber dado marcha atrás ante las deficiencias del proyecto. Aun así, da a entender que las responsabilidades políticas quedan zanjadas con las dimisiones del ex director general de Puertos y Transportes, Jordi Julià, y del ex presidente de GISA, Ramon Serra. Más explicita es ERC, que afirma que las responsabilidades "quedan agotadas con el cambio de Gobierno" y exime, por tanto, al consejero de Política Territorial, Joaquim Nadal.

Las diferencias más notables se dan al valorar la adjudicación de la obra pública entre 1999 y 2005. En este punto CiU se queda sola, ya que considera que no había "irregularidades" y que la obra pública seguía parámetros "de seguridad y calidad". El tripartito y el PP, por el contario, denuncian el sistema de adjudicación de GISA y plantean una larga lista de recomendaciones. Reclaman de forma especial la limitación de la subcontratación, un mayor control público y medidas para garantizar la transparencia.

Los grupos también se pronuncian sobre el presunto cobro de comisiones ilegales, el polémico 3%. CiU cree probado que nunca hubo prácticas corruptas. Pero los grupos del Gobierno no lo ven claro. ICV habla de "prácticas ilícitas" y apela "a la ética y la responsabilidad social" para que las personas que puedan aportar pruebas lo hagan. ERC se refiere a un "entorno de laxitud ética" y el PP cree que la comisión no ha cumplido con sus objetivos en este punto.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 18 de mayo de 2005