Yagüe dice que se deben legalizar todas las viviendas irregulares y los promotores solicitan más suelo

Los cauces de normalización que el documento de avance del PGOU de Marbella establece para el 85% de las viviendas construidas ilegalmente en los últimos 11 años en la ciudad, no son suficientes para la alcaldesa. Marisol Yagüe dijo ayer que el nuevo plan debe legalizar sin más el 100% de las viviendas irregulares, unas 30.000, según el equipo redactor del plan, y avisó de que tiene "dudas" de que sea aprobado por la corporación si no es así.

Yagüe hizo ayer una peculiar interpretación del documento de avance y dijo que con él la Junta "tendrá que dar marcha atrás en las impugnaciones de las licencias" que ha presentado, y que sobrepasan ya las 400.

Yagüe insistió en pedir a la Junta que se siente a dialogar con el Ayuntamiento y los agentes sociales sobre el nuevo PGOU, y volvió a dejar claro que no está dispuesta a asumir tal cual el documento presentado por el equipo redactor. Pese a que éste ha trabajado de forma coordinada con el jefe del servicio de Urbanismo del consistorio, Francisco Merino, la alcaldesa anunció que ahora pedirá a los técnicos municipales que realicen un informe sobre el documento, que luego someterá a un "gran debate" en la mesa de participación antes de llevarlo al pleno.

Yagüe dijo no estar preocupada por el proyecto aprobado ayer por el Consejo de Gobierno "porque no nos podrán quitar ninguna competencia".

El documento de avance del PGOU de Marbella levantó ayer reacciones prudentes entre partidos y colectivos sociales, ya que casi todos esperan a conocer con más detalle sus contenidos. Quienes sí dieron un paso adelante fueron los promotores, para quienes las 50.000 viviendas previstas son "a todas luces insuficientes". El presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga, José Prado, explicó que "en Marbella se han vendido 15.000 viviendas al año, por lo que con esta previsión el plan estará completamente consumado en tres años". Prado vaticinó un encarecimiento de los precios.

El plan contempla suelo urbano para 50.000 viviendas, que es el doble de la previsión de crecimiento de población más optimista del Instituto Nacional de Estadística (INE) para los próximos 15 años.

El presidente del Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) asociación que representa a unos 600 empresarios, Miguel Gómez, dijo que la posibilidad de que se legalice el 85% de las viviendas construidas ilegalmente es "un alivio" para gente que "compró sus viviendas de buena fe" y a la que la preocupación "no le dejaba dormir".

Los partidos políticos evitaron entrar en el fondo de los contenidos del plan y criticaron la forma en que la Junta lo ha presentado. El PP dijo que "no se ha respetado al pueblo de Marbella" y el PA dijo que la Consejería intenta imponer un PGOU de forma "fascista".