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Un martes lleno de olvidos

Eduardo Madina

La resolución presentada por el PSOE en el Congreso de los Diputados que será votada hoy contiene algunos elementos del tantas veces recordado Pacto de Ajuria Enea para que el Gobierno se sienta respaldado en el intento de un final dialogado del terrorismo de ETA. "Convencidos, como estamos, de que la política puede y debe contribuir al fin de la violencia, reafirmamos que, si se producen las condiciones adecuadas para un final dialogado de la violencia, fundamentadas en una clara voluntad para poner fin a la misma y en actitudes inequívocas que puedan conducir a esa convicción, apoyamos procesos de diálogo entre los poderes competentes del Estado y quienes decidan abandonar la violencia...". Una sensación de nostalgia y de esperanza flota en la lectura de esta resolución, que reproduce el punto 10 del Acuerdo del 88, aquel pacto que unía a todos, incluido al PP, en un mismo análisis del significado de la violencia y en un itinerario compartido para la finalización del terrorismo de ETA.

El PP olvida que no puede demostrar la existencia de traición alguna y que el dolor de las víctimas no es monopolio de nadie

Este punto 10 fue el instrumento en el que se apoyó el anterior Presidente del Gobierno, José Maria Aznar, para anunciar, el 3 de noviembre de 1998, contactos con lo que en aquel entonces el PP denominaba "Movimiento de Liberación Nacional Vasco". Algunos días después, el día 10 de noviembre, el Congreso aprobó por unanimidad una resolución en la que instaba al Gobierno "al más amplio diálogo con todos los partidos en el desarrollo de una nueva orientación, consensuada y flexible de la política penitenciaria en la forma que mejor propicie el final de la violencia".

Con esta resolución, con este consenso que evitaba cualquier obstaculización política, el PP obtuvo el apoyo de toda la Cámara para intentar acabar con la violencia. Con este aval, el Presidente nombró una delegación conformada por Javier Zarzalejos, Ricardo Martí Fluxá y Pedro Arriola para reunirse con los dirigentes de Batasuna, Otegi, Barrena y Díez Usabiaga. Después, esos mismos interlocutores del Gobierno se reunieron en Suiza con Mikel Antza, Belén Gonzalez Peñalba y Vicente Goikoetexea, todos ellos miembros destacados de ETA.

Evidentemente, aquellas reuniones no sirvieron para la finalización definitiva del terrorismo porque más adelante volvieron los asesinatos, pero, en cualquier caso, el Gobierno encontró en el resto de formaciones políticas del Congreso de los Diputados el compromiso y la confianza suficientes para intentar un fin dialogado del terrorismo. Cuando Aznar anunciaba intenciones, cuando se encontraba en pleno proceso de apertura de contactos, cuando comenzó a practicar acercamientos de presos de ETA a las cárceles del País Vasco o incluso cuando un grupo terrorista quedaba convertido, por boca del presidente del Gobierno en un movimiento que mataba por la libertad de una nación, no encontró una sola crítica pública ni una sola fisura por parte del partido socialista o del resto de formaciones políticas.

El análisis que hacía la oposición consistía en que, en este asunto de Estado, el Gobierno tiene la legitimidad y la obligación de dirigir el intento de finalización de la violencia, mientras que al resto le corresponde facilitar dicho trabajo o, como mínimo, no obstaculizarlo. Dentro de la no obstaculización quizá destaquen algunos elementos; retirar el terrorismo de la arena política y de las sesiones de control del Congreso, practicar y escenificar la confianza en el Gobierno, solicitar discretamente información sobre los avances y practicar el silencio público hasta ver cómo termina todo. Se cumplen siete años de las tentativas de Aznar y, afortunadamente, ya no hay ningún presidente que se refiera a ETA como un movimiento de liberación nacional. Tampoco hemos visto a Zapatero autorizar públicamente contactos y nadie tiene pruebas de que se estén celebrando reuniones entre el Gobierno y los terroristas, nadie tiene una foto, una grabación... nadie tiene nada. Sin embargo, la sensación generalizada de derrota de ETA, la percepción que España tiene del significado del terrorismo tras el 11-M y las dificultades políticas del mundo de Batasuna tras su ilegalización, hacen pensar que quizá estemos más cerca que nunca de la salida del laberinto.

Con eso, solo con eso, el PP dice que "es insólito que un Parlamento se plantee diálogo con ETA" y olvida su propia historia. Habla de "la rendición del Congreso ante los asesinos" y olvida que, en el Parlamento vasco, Julen Guimón Ugartetxe firmó el Pacto de Ajuria Enea en representación de Alianza Popular el 12 de enero de 1988.

Con eso, solo con eso, el PP dice que el Gobierno "ha traicionado a los muertos" y olvida que no está en condiciones de demostrar la existencia de traición alguna y que el dolor de las víctimas no es monopolio de nadie. Que éstas, no deben ser utilizadas en la arena política.

En cualquier caso, hoy veremos a un Rajoy en pleno suicidio optando por obstaculizar todo aquello en lo que su partido no sea el protagonista principal, anteponiendo estrategia de partido y egoísmo político al punto 10 de Ajuria Enea, olvidando que es al Gobierno a quien le corresponde arriesgar en la aplicación del preámbulo de 1998: "La lucha contra el terrorismo es el combate de la razón frente a la sinrazón, de la vida frente a la muerte y de la libertad frente a la imposición".

Eduardo Madina es secretario general de las Juventudes Socialistas de Euskadi y diputado en el Congreso.

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