El TSJ obliga al Consell a pagar 2,7 millones para fondo social

Varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) obligan a la Generalitat a cumplir sus compromisos adquiridos hacia su personal laboral. Las sentencias obligan a la Generalitat a constituir el fondo de ayuda social acordado en varios convenios colectivos para el personal laboral -que de media ronda el 25% de los trabajadores de la Generalitat, unos 5.000 al año- y que según CC OO-PV sería de 2,7 millones.

Dichos acuerdos, tal como recoge el artículo 29.3 de los mismos, establecen una consignación económica del 0,8% de la masa salarial anual para responder a determinadas necesidades sociales de los trabajadores laborales de la Administración autonómica. Esa consignación tiene además adecuaciones en función del número de trabajadores y de las actualizaciones de salario que descansan en negociaciones que deben tratarse en comisión paritaria. El año 2000 la Generalitat, en la que había 5.253 trabajadores laborales, consignó 252.425 euros. A partir de entonces, las ayudas no se han abonado. Las sentencias hacen referencia parcial al año 2000 y por completo a 2001, 2002, 2003 y 2004. En conjunto, la Generalitat debe aportar 2,7 millones de euros a este fondo, según las estimaciones realizadas por la Federación de Servicios y Administraciones Públicas (Fsap) de CC OO-PV, denunciante.

En 2001, eran 5.084 los trabajadores con derecho a solicitar ayudas del citado fondo social; en 2002 fueron 5.006; en 2003 eran 3.271 (la cifra es menor porque se produjo la incorporación de buena parte de ellos a través de convocatoria pública de empleo). Una cifra similar sería la afectada el año pasado (3.320 trabajadores laborales). Cifras que hacen variar la cantidad que la Generalitat debe aportar al fondo social cada año: de 42,5 millones en 2000, 130 millones tanto en 2001 como en 2002 y 70 millones en los años 2003 y 2004, siempre según las estimaciones de la Fsap.

El fondo de ayuda social se planteó como apoyo para el estudio de empleados e hijos, para el cuidado de los menores, así como "ayudas sociales" como vehículos de minusválidos, ortopedia, audífono, etc. Las fuentes consultadas de la federación explican que al no concretarse la dotación, los empleados laborales han asumido el coste de este tipo de gastos, que ahora les adeuda la Generalitat.

En 2000, la Generalitat sí consignó los 42,5 millones, pero no los concretó al no constituirse la comisión que debe gestionarlos.

Los fallos han sido recurridos. En relación con las sentencias referidas a 2001, 2002 y 2003, la Dirección General de Función Pública, dependiente de la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas, rechazó ayer explicar el origen del conflicto que ha llevado el caso a los tribunales y se limitó a decir que el proceso está sub judice.