El fuego que destruyó los documentos de Ciegsa en Alaquàs fue intencionado

El primer informe policial que recoge las conclusiones provisionales sobre el incendio del pasado día 29 de abril en una nave industrial en Alaquàs alquilada por Ciegsa, y en la que la empresa pública dedicada a la construcción de colegios almacenaba de forma irregular documentación, concluye que el siniestro se originó en cuatro focos distintos y, en consecuencia, fue provocado. La brigada judicial continuará sus investigaciones la próxima semana.

Silencio absoluto como consigna sobre lo ocurrido la noche del 29 de abril en la nave alquilada por Ciegsa a Severiano Gestión, SL, en el polígono Bobalar de Alaquàs. Reuniones en la Consejería de Cultura y en las propias dependencias de Ciegsa recomendaban a los trabajadores callar sobre el particular. Pero la investigación policial va despejando algunas dudas. La más importante: el siniestro tuvo cuatro focos de origen de fuego y por tanto fue provocado. Son apreciaciones provisionales de los agentes de la brigada judicial, que convertirán en definitivas, previsiblemente, la próxima semana cuando después de apuntalar las instalaciones para evitar el derrumbe puedan volver a inspeccionarlas.

Ciegsa ha silenciado el alcance del siniestro. La nave de Alaquàs tendría, en principio, la única finalidad de almacenar material escolar (sillas, pizarras, pupitres). Y cada uno de esos bienes muebles estaba perfectamente registrado. Sin embargo, los bomberos constataron la quema de importante papel, documentación. El origen de la misma y la razón por la que se encontraba almacenada en Alaquàs, sin registro alguno, sigue siendo una incógnita que el responsable de la consejería de Educación y Cultura, Alejandro Font de Mora, no ha despejado. La oposición, a través de la diputada socialista Ana Noguera, ha preguntado en las Cortes. La callada por respuesta.

La actividad de Ciegsa, dedicada a la construcción de centros escolares, está en tela de juicio por denuncias varias. La oposición ha señalado que la gestión de Ciegsa, al frente de la cual está Máximo Caturla, ha incurrido en incumplimientos de la Ley de Contratos del Estado, adjudicaciones por encima del precio publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), sobrecoste de hasta un 50% del precio de construcción del centro, colegios que cuestan hasta tres veces más que en el resto de España. La propia Sindicatura de Cuentas ha dedicado advertencias sobre la inadecuación de la empresa pública autonómica.

En los primeros minutos del día 29 de abril, los bomberos del consorcio provincial de Valencia recibieron el aviso de un incendio en una empresa de muebles. La localización: el número 34 de la calle de Costera del polígono industrial de Bobalar, en Alaquàs. La nave, de 1.500 metros cuadrados, estaba identificada como Ofitran Valencia Grupo Logística. El fuego devoró las instalaciones hasta dejar el esqueleto -con riesgo de desplome- y convirtió en cenizas decenas de muebles y miles de papeles. El siniestro se dio por controlado a las siete de la madrugada.

Aquellas dependencias, según se supo días después, eran utilizadas por Ciegsa, que no hizo manifestación alguna ni sobre el siniestro en sí ni sobre el alcance del mismo en términos económicos. Y aún sigue sin despejar, por ejemplo, qué tipo de seguro tenía contratado y cuál es la cobertura que da la propietaria de la nave en caso, por ejemplo de incendio.

El informe aún provisional de la policía judicial estuvo en la comisaría de Xirivella, de la que depende Alaquàs. Y hace algunos días fue reclamado, según fuentes de la investigación, por la Jefatura Superior de Policía. El informe definitivo, que debe verificar no sólo las primeras impresiones sino profundizar en ellas a través de la detenida inspección de los cuatro puntos de las instalaciones en los que simultáneamente se inició el fuego, está aún pendiente hasta que la próxima semana se desplacen los especialistas. Por tanto, la autoridad judicial que investiga el suceso aún no ha recibido informe pericial policial alguno. Y entre tanto, Font de Mora y Caturla ignoran las peticiones de información sobre el uso de la nave. Los propietarios de la instalación rechazaron ayer pronunciarse sobre lo ocurrido.