Una mala propuesta

El núcleo de la propuesta del tripartito se puede resumir en tres puntos. En primer lugar, se atribuye a la Generalitat una amplia (¿exclusiva?) capacidad normativa sobre todos los impuestos, así como competencias exclusivas de gestión y recaudación (posiblemente en coordinación con la Hacienda central), y se limita a un máximo del 50% la participación del Estado en los tributos cedidos. En segundo lugar, se fija un objetivo de reducción del déficit fiscal catalán y otro de equiparación gradual al alza con los territorios forales. Finalmente, se establece un mecanismo de nivelación que habrá de garantizar que todas las regiones puedan ofrecer servicios similares a igualdad de esfuerzo fiscal.

Éste es un asunto que ha de pactarse entre todos y en el que no caben imposiciones unilaterales

El texto viola no sé si la letra, pero sí el espíritu de la Constitución, por su orientación confederal

El texto presenta muchos problemas. El primero de ellos es que un Estatuto de autonomía no es el vehículo adecuado para modificar una normativa de carácter cuasi constitucional que afecta al conjunto del país. Como ha recordado el Gobierno, este es un asunto que ha de pactarse entre todos y en el que no caben imposiciones unilaterales.

Un segundo problema es que el sistema que se esboza en el texto resulta de muy difícil encaje constitucional. La propuesta comportaría la renuncia del Estado a regular y recaudar sus propios impuestos en Cataluña, extendiendo así una peculiaridad histórica del régimen foral (de ya muy difícil gestión) a una comunidad con un peso muy significativo, lo que probablemente abriría la puerta a una generalización del sistema. No se trata, por tanto, de profundizar en la construcción de un Estado federal, sino de un cambio cualitativo en la dirección de un sistema confederal en el que una Administración central privada de recursos propios adoptaría una posición subordinada a la de los gobiernos regionales.

Finalmente, la propuesta contiene una ambigüedad esencial cuya resolución hará que o bien se revele como internamente contradictoria o bien que la garantía de nivelación regional se quede en papel mojado. La clave está en lo que se entienda por "a igual esfuerzo fiscal". Este término suele interpretarse como la recaudación tributaria medida como fracción de la renta regional, pero la expresión entrecomillada podría entenderse también como "a igual escala tributaria" o como "a igual recaudación por habitante". En el segundo caso (igual escala), el resultado del sistema de financiación propuesto tendría que ser muy similar al actual y el incremento de la financiación de la Generalitat (en torno al 5%) quedaría muy por debajo de los objetivos del tripartito. Dada la escasa progresividad efectiva del sistema fiscal, el resultado sería muy similar bajo la primera acepción del término esfuerzo fiscal (igual recaudación sobre PIB).

Sólo queda, por tanto, la tercera opción como forma de reducir significativamente el déficit fiscal, pero ciertamente la garantía de iguales servicios a igualdad de recaudación por habitante no pasa de ser una forma de decir que cada uno se lo monte como pueda con sus propios recursos.

El artículo 7.2.b del texto parece apuntar en esta dirección. Aunque en otros apartados sí se habla de progresividad, en éste se afirma sin más matices que el mayor esfuerzo fiscal de los ciudadanos de Cataluña, calculado a partir de la diferencia entre los impuestos que aquí soportamos y los que se pagan en promedio en el conjunto del país, ha de traducirse en un incremento de los recursos de la Generalitat. En cualquier caso, el texto es lo suficientemente ambiguo como para permitir interpretaciones tan diferentes como las que ofrecían los consellers Castells y Huguet en sendas entrevistas en La Vanguardia (del 1 de mayo). E insisto, en el mejor de los casos es contradictorio. La equiparación con las comunidades forales supondría un aumento de los recursos de la Generalitat del orden del 50% hasta niveles de financiación por habitante muy superiores a los del promedio de España -esto es, la autoexclusión de Cataluña del principio de igualdad de servicios-.

En conclusión, la propuesta del Gobierno catalán rompe con la cultura de negociación multilateral necesaria para el buen funcionamiento del Estado autonómico y viola, no sé si la letra, pero ciertamente el espíritu de la Constitución por su orientación confederal y por la amenaza que suponen para la cohesión territorial la ambigüedad con la que se enuncia el principio de nivelación regional y el objetivo de igualación con los territorios forales.

Por ambos motivos, el texto es muy difícilmente aceptable por los grandes partidos nacionales. Esto prácticamente garantiza el rechazo en el Congreso del nuevo Estatuto y podría tener consecuencias políticas que creo que nadie sensato desea. Si el texto llega en su presente forma al Congreso, y la presión de CiU hace temer que las cosas sólo pueden empeorar, el PSC habrá puesto a Zapatero en la imposible tesitura de tener que romper su (imprudente) promesa de respetar el Estatuto que apruebe el Parlament o enfrentarse con la probable deserción de una buena parte de sus propios diputados. En ambos casos, existe un riesgo elevado de escisión del PSOE que comportaría la pérdida del Gobierno en Madrid y en Barcelona y, lo que es mucho más grave para el país, la certeza de una mayor polarización de la política española en base a sentimientos de agravio regionales que no augura nada bueno para el futuro.

Ángel de la Fuente es vicedirector del Instituto de Análisis Económico del CSIC.