Ante la negociación

Nunca hasta ahora en la historia de la democracia española se le ha negado a un presidente del Gobierno la posibilidad de explorar la resolución del terrorismo de ETA por la vía del diálogo. Así ha sucedido en tres ocasiones. La primera, con Adolfo Suárez, obtuvo a comienzos de los ochenta un éxito parcial con el abandono de las armas de una fracción de la banda terrorista (ETA político-militar), tras una compleja y larga negociación que se desarrolló en secreto. En las dos ocasiones siguientes, Felipe González a finales de esa misma década y José María Aznar a finales de los noventa, lo intentaron infructuosamente con conocimiento de la opinión pública y bajo sendas treguas de la organización terrorista. Ahora es José Luis Rodríguez Zapatero quien planteando esta vía, con el respaldo del Parlamento y bajo la cláusula de un abandono incondicional de las armas.

ETA se halla hoy debilitada hasta la extenuación, y debe soportar la presión de sus 800 presos y sus familias. A esta situación ha contribuido poderosamente la política antiterrorista desarrollada en las dos últimas legislaturas por los Gobiernos de Aznar, que contaron con la plena colaboración del partido socialista. Una pieza fundamental en los últimos cuatro años ha sido el pacto antiterrorista que suscribieron a finales de 2000 los dos principales partidos a propuesta de un Rodríguez Zapatero recién elegido secretario general del PSOE. Ese consenso se tradujo dos años después en una Ley de Partidos que hizo posible la ilegalización de Batasuna, con el consiguiente aislamiento social y político. La constante presión policial, con una decidida cooperación de las fuerzas de seguridad de Francia, hizo el resto para conducir a la banda terrorista a un estado terminal.

Aunque se sabe poco sobre los propósitos de la banda terrorista, que en el pasado ha utilizado este tipo de situaciones para rearmarse y recuperar a sus exhaustos activistas, su entorno político repite mensajes que el Gobierno interpreta en el sentido de que puede haber una oportunidad de abrir un proceso de paz. A este convencimiento responde la moción que ha presentado el PSOE a los demás grupos parlamentarios para intentar "un final dialogado de la violencia", bajo las mismas condiciones que se invocaron en los dos intentos previos y que son una trasposición casi literal de las cláusulas que figuraban en el tan recordado Pacto de Ajuria Enea y en el todavía vigente Pacto Antiterrorista. Hasta el martes, en que se someterá a votación, podrá afinarse el texto socialista, pero el PP ya ha anunciado su oposición radical a una iniciativa que Mariano Rajoy ha valorado como la "rendición del Parlamento" a la banda.

Es muy difícil, si no es negando las evidencias y la verdad histórica, como hizo ayer el ex presidente Aznar, impedir al Gobierno de Zapatero lo que intentó el de Aznar en 1998 con el apoyo de todas las fuerzas políticas . El sondeo de Opina publicado por EL PAÍS revela que el 61,4 % de españoles está a favor de iniciar contactos con ETA si la banda terrorista anuncia el fin de la violencia, frente a un 28,8% que se opone. Los primeros contactos del PSOE con las otras fuerzas políticas revelan un apoyo mayoritario en el Parlamento, donde sólo el PP se ha manifestado radicalmente en contra. Se trata de una iniciativa política de alto riesgo, que como paso previo exige el abandono de la violencia por parte de ETA. Si se cumple esta condición sería incomprensible que el PP se cerrara en banda a cooperar con el Gobierno a la espera de recoger los frutos de un eventual fracaso. La disolución de ETA sin pagar contrapartidas políticas es un empeño difícil, pero precisamente por ello obliga a comprometerse a todos.