La comisión del silencio

Durante las legislaturas del Partido Popular, la Comisión Nacional de la Energía (CNE) fue un apéndice más del Ministerio de Economía; apenas una coartada de supuesta independencia para cubrir las intervenciones descaradas del Gobierno en el mercado energético. Mientras en las sociedades democráticas más avanzadas se articulan organismos reguladores independientes, con competencias plenas para garantizar la transparencia de los mercados (energía, telecomunicaciones...), formados por especialistas en cada actividad, en España y en el caso de la CNE se prefirió el modelo de organismo autónomo dependiente del ministro, siempre a sus órdenes, sólo facultado para fabricar informes no vinculantes y compuesto por abogados del Estado o políticos pactados entre el PP y CiU. La CNE fue el brazo armado de Rodrigo Rato para evitar los movimientos empresariales, a veces poco racionales, en el mercado energético, como bien pueden dar fe Iberdrola, Repsol o Gas Natural.

Los mensajes que se reciben desde el Ministerio de Industria sobre la CNE invitan más a la perplejidad que a la ilusión

El cambio de Gobierno en 2004 y la renovación obligada de presidente y consejeros de la comisión en 2005 alimentaron la ilusión de que era posible una comisión distinta, próxima e incluso más dotada legal y económicamente que la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico que presidió Miguel Ángel Fernández Ordóñez hasta 1997. Tal ilusión puede objetivarse en dos pasos. Uno de ellos es reforzar el estatuto legal de la comisión para que sea totalmente independiente del Gobierno, disponga de capacidad legal para actuar en los mercados eléctrico y petróleo por iniciativa propia, y se le atribuyan facultades para decidir la formación de precios (tarifas); otro, no menos importante, exige sentar en la comisión a consejeros con experiencia y conocimientos técnicos demostrados en el ámbito energético, libres de la mediatización de los chalaneos políticos. En este apartado se debe incluir la figura de un presidente con experiencia energética y suficiente fuerza política como para resistir las presiones de los lobbies o del propio Gobierno, si fuera necesario. El objetivo de esa nueva comisión debería ser el de poner orden en el mercado eléctrico, dominado férreamente por Endesa, Iberdrola y Unión Fenosa, y en el petrolero, en el que se producen fenómenos paranormales como el fulgurante crecimiento del precio del gasóleo.

Pero los mensajes que se reciben hoy desde el Ministerio de Industria invitan más a la perplejidad que a la ilusión. Nada se dice sobre una hipotética reforma que convierta a la CNE en un organismo regulador auténtico e independiente, así que cabe dudar de que el criterio de independencia y capacidad de acción vaya a ser tenido en cuenta por José Montilla. Del perfil del nuevo presidente tampoco se sabe gran cosa; es más bien notorio que su designación es objeto de negociaciones políticas, cuyo fin es que el designado no sea del agrado de los socios y el entorno del ejecutivo. Así se explica que se hayan descartado algunos candidatos que cumplían los requisitos de conocimiento, experiencia y criterio propio. El indicio más inquietante es la posibilidad de que algunos de los consejeros actuales -Carlos Duato, Jaime González, Sebastiá Ruscalleda o Jordi Dolader- puedan prorrogar su mandato. Salvadas sus valías personales, tales prórrogas no parecen compatibles con la renovación y el cambio que necesita la CNE.