Las renuncias de la negociación

Populares y socialistas aseguran que, a falta de consensuar la pieza angular de la reforma estatutaria -la financiación- el texto negociado hasta ahora es un buen texto. Pero Esquerra Unida ya ha anunciado que, si se presenta una proposición de ley en la línea de lo que conoce, presentará una enmienda a la totalidad del proyecto.

El hecho es que, tanto populares como socialistas, por razones diversas, han renunciado finalmente a incluir algunas de sus propias demandas iniciales en la reforma del Estatut d'Autonomia. El PP ha renunciado a incluir la Iniciativa Legislativa Municipal (ILM) -la capacidad de los ayuntamientos para presentar en las Cortes Valencianas proposiciones de ley referidas a aquellas materias que son de su competencia- tal y como pedían socialistas y Esquerra Unida. Y ello, pese a que la ILM es una de las promesas electorales del programa presentado en los comicios de 2003. Igualmente, los populares han dejado atrás su promesa de "continuar avanzando en la Adminisración única" y promover "la participación de la Generalitat en la gestión de competencias estatales que le permite el artículo 150.2 de la Constitución". Los populares también han postergado su voluntad -reflejada en el programa electoral- de impulsar la descentralización política y administrativa hacia las mancomunidades y ayuntamientos. Cuestión especialmente conflictiva entre campistas y zaplanistas que ha hecho que las esencias de las diputaciones provinciales quedasen tal y como están reflejadas en el Estatut de 1982.

Los socialistas, por su parte, también han rebajado la cuantía de sus reivindicaciones y promesas respecto a la reforma del Estatut. La supresión de la barrera electoral del 5% queda, si se firma finalmente la reforma, más inalcanzable que nunca. La petición de ratificar la actual reforma mediante un referéndum también queda aplazada hasta que otra generación de valencianos vuelva, si es el caso, a plantear otro cambio estatutario. El PSPV de Joan Ignasi Pla también ha terminado por no pedir las competencias en materia de tráfico para la Policía Autonómica Valenciana que había planteado inicialmente y tampoco ha podido asegurar la paridad en las listas electorales como elemento impulsor de las políticas de igualdad, ni el requisito lingüístico como medida de protección del valenciano.

En lo que sí han coincidido populares y socialistas ha sido en no reivindicar un gran número de nuevas competencias, ni en intentar alterar demasiado la actual definición de las señas de identidad de los valencianos -símbolos, lengua, himno, etc-, fruto de buena parte de los conflictos que han marcado la agenda política valenciana en los últimos 20 años.