La Generalitat ignoró 11 avisos en la causa que anuló el plan del Júcar

La Generalitat fue emplazada hasta en 11 ocasiones para que se personara en la causa que ha desembocado en la anulación parcial por parte del Tribunal Supremo del Plan Hidrológico del Júcar (PHJ) y que afecta a la transferencia de agua al Vinalopó. Así lo reflejan las alegaciones presentadas por la Fundación para el Progreso de Albacete -que promovió el recurso contra el PHJ- ante la petición del Consell de que se anule la sentencia por indefensión.

La Generalitat ha argumentado que desconocía el recurso que interpuso la Fundación contra el plan en 1999 y que no fue emplazada, con lo que no se habría respetado su derecho a defender sus intereses. La sentencia del Supremo, que revoca una decisión anterior de 2002 de la Audiencia Nacional, establece que el Gobierno no puede regular en el PHJ el aprovechamiento de ríos que nacen y mueren en la Comunidad Valenciana porque son competencia de la Generalitat, tras lo cual anula varios sistemas hídricos y los artículos que afectan al trasvase Júcar-Vinalopó y el Canal Júcar-Turia.

Tras conocerse la sentencia en noviembre de 2004, el consejero de Infraestructuras, José Ramón García Antón, destacó que ni el Consell ni los usuarios afectados conocían el pleito y que "nadie" les comunicó "nada". Sin embargo, la Fundación de Albacete expone que, a instancias de la Audiencia Nacional, el Ministerio de Medio Ambiente avisó a la Generalitat de la impugnación del PHJ. Ambas administraciones estaban entonces en manos del PP. La Fundación detalla que "la Generalitat fue emplazada hasta en 11 ocasiones" y cita a responsables de las entonces consejerías de Obras Públicas, Empleo, Agricultura, Economía y Medio Ambiente como remitentes. Entre ellos figura García Antón como subsecretario de Obras Públicas. Así, la Fundación dice que "no es de recibo" la pretensión del Consell "de echar por tierra todo el proceso" ahora que la sentencia es firme cuando no ha "mostrado la más elemental diligencia para personarse en la causa". La Fundación también le reprocha que quiera imputar su ausencia al ministerio "y a la desatención" de la Audiencia Nacional y recalca que hubo un alto número de invitaciones a personarse, hasta el extremo que se avisó a la "Comandancia de Obras de la Región Militar de Levante".

El Consell insiste en que "no se ha sentido emplazado en ningún momento". Fuentes del Gobierno valenciano ponen el acento en que tras la sentencia, el Consell aprobó un acuerdo por el que propuso al ministerio, ya con los socialistas en el Gobierno, que promulgara un decreto en el que se especificara que la Generalitat se mostró de acuerdo con el PHJ cuando se aprobó en 1998, como forma de validarlo.

La Fundación albaceteña también rechaza la petición de nulidad de comunidades de regantes y la empresa estatal Aguas del Júcar, que ejecuta el trasvase al Vinalopó, entre otros motivos, porque se emplazó al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, entonces Juan Manuel Aragonés, también responsable de la sociedad y cargo nombrado por el ministerio.