Archivada la causa abierta contra el ex director de Derechos Humanos
El juez sostiene que "no puede hablarse de apropiación indebida"
El juez de Instrucción número 6 de Bilbao, José María Eguía, ha sobreseído de manera provisional la causa abierta contra el ex director de Derechos Humanos del Gobierno vasco Juan José Martínez Leunda, por, entre otros, un supuesto delito de apropiación indebida de fondos en una causa en la que Leunda intervino como abogado particular. El caso fue el denominado caso Herrero, una acusación de estafa por manipulación de cuentas bancarias presentada contra un ex directivo de dicha entidad, que finalmente fue absuelto. En la primera parte de la instrucción, el juez investigó que tras el movimiento millonario de cuentas de la mujer afectada por el caso (la cliente de Leunda) podría esconderse una financiación ilegal del PP, algo que no pudo probarse nunca ante el tribunal, según la sentencia que dictó la Audiencia de Vizcaya el 27 de diciembre de 2000.
El juez apunta en su auto, fechado el pasado 25 de febrero, que tras las diligencias practicadas en el juzgado para esclarecer la denuncia de la mujer contra su abogado -basada en un informe de septiembre de 2001 del Departamento de Interior- "no aparece suficientemente justificada la perpetración de una infracción penal". El juez instructor considera que, pese a las "discrepancias" que evidentemente ha mantenido durante estos años la cliente con el ex director de Derechos Humanos del Ejecutivo vasco, incluso su "conformidad o disconformidad" con la "actuación profesional" del Leunda como abogado, "no puede hablarse de apropiación indebida". La cliente denunció que había realizado en ese caso una provisión de fondos de tres millones de pesetas y que el letrado realizó una "mala o negligente práctica profesional".
El juez apunta que Leunda, como abogado, "desempeñó su actividad profesional con mayor o menor acierto durante un cierto periodo" e indica a la denunciante que el camino elegido para perseguir la "conducta irregular" de quien fue su letrado (la vía penal) no es el "cauce adecuado para exigir la posible responsabilidad profesional y por la no liquidación a tiempo de su minuta".
La denunciante, además, mantenía en su denuncia que Leunda había incurrido en incompatibilidad al compaginar su condición de letrado con el puesto de director de Derechos Humanos, al que accedió en el mes de julio de 1998. En la causa obra, según admitió el letrado de la defensa de Leunda, un documento del Colegio de Abogados de Vizcaya fechado en febrero de 2004 y firmado por el secretario de la Junta de Gobierno, Gonzalo Vidorreta, en el que se afirma que Martínez Leunda estuvo dado de alta como letrado desde el 2 de octubre de 1991 hasta el 25 de enero de 1999. Para esa última fecha Leunda llevaba casi medio año ocupando su cargo en el Gobierno vasco.
El juez penal no entra en este asunto de la incompatibilidad, que podría en todo caso suponer una sanción administrativa para Martínez Leunda. "No es sancionable por la vía penal", indicó a este periódico su abogado defensor, Ángel Gaminde. En cualquier caso, el ex director vasco de Derechos Humanos negó ante el juez haber incurrido en incompatibilidad en la declaración prestada el 10 de abril de 2002.
El sobreseimiento provisional de la causa fue recurrido a principios de marzo pasado y será ahora la Audiencia de Vizcaya la que determine si es necesario continuar la instrucción o si el juez ha obrado correctamente al archivar una causa iniciada en 2001.
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