Conde-Pumpido da por concluida la amnistía temporal para los que empleen a inmigrantes ilegales

El delito de explotación laboral de extranjeros ha vuelto a ser perseguido por jueces y fiscales desde el fin del proceso extraordinario de normalización de extranjeros, que se produjo la pasada semana. El Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, dijo ayer en Motril (Granada) que la Fiscalía ha dado por terminada la amnistía temporal para este tipo de infractores una vez terminada la oportunidad de acabar con la explotación de sus trabajadores. El Gobierno advirtió la semana pasada que redoblará sus esfuerzos para esclarecer estos delitos.

Cándido Conde-Pumpido acudió ayer a Motril para cerrar las cuartas jornadas sobre Derechos Humanos e Inmigración organizadas por la UNED, el Ayuntamiento de Motril y Jueces para la Democracia. En su conferencia, titulada El Ministerio Fiscal ante el fenómeno de la inmigración, el Fiscal General recordó que el reciente proceso de normalización "supuso una posibilidad para acabar con la economía sumergida surgida entorno a los inmigrantes así como con su explotación por determinados empresarios", y recordó que, desde el fin de ese proceso, el delito vuelve a estar vigente. "A partir de ahora volveremos a perseguir todas aquellas conductas que infrinjan la ley y generen empleo ilegal y explotación", afirmó.

El jefe de los fiscales españoles se refirió también al problema de los menores inmigrantes. Una de las primeras medidas tomadas por Conde-Pumpido nada más acceder al cargo fue la de impedir que los fiscales tuvieran que autorizar el retorno inmediato de los menores extranjeros con más de 16 años, como prescribía una instrucción de su antecesor, Jesús Cardenal.

Miembros de colectivos que trabajan con estas personas y personal de centros de menores le transmitieron, sin embargo, su preocupación por las continuas trabas que encuentran por parte del Ministerio del Interior para conseguir sus permisos de residencia una vez que entran en el país.

"La ley nos obliga a regularizarlos inmediatamente, pero la administración tarda muchos meses en hacerlo, más de los que le permite la ley", dijo una trabajadora de un centro de acogida. "La Fiscalía, como defensor del interés del menor, debe asegurarse de que estas personas están documentadas", añadió. Conde-Pumpido respondió que la competencia para documentar a estos menores no corresponde, en principio, a la Fiscalía, sino al Estado, pero propuso a estos trabajadores que se pusieran en contacto con los fiscales de las distintas provincias en caso de retrasos injustificados. Otro de los asistentes preguntó por el número exacto de menores que fueron repatriados automáticamente mientras estuvo vigente la instrucción que lo permitía, pero el fiscal aseguró que lo desconocía.