Un juzgado suspende cautelarmente los derribos dictados por el Ayuntamiento en El Cabanyal

Un juzgado ha suspendido con carácter cautelar la licencia de derribo de una casa situada en el entorno BIC de El Cabanyal dictada por el Ayuntamiento de Valencia. El Consistorio dispone de 10 días desde la notificación para presentar alegaciones a esta providencia. La paralización se produce a petición de Salvem El Cabanyal y la asociación Pavimar, que sostienen que el edificio del 181 de la calle Progreso de Valencia está protegido y no se justifica su demolición inmediata. La amenaza de derribo pende sobre otros cinco edificios de la zona protegida.

El presidente de Salvem El Cabanyal, Faustino Villora, explicó ayer que en estos momentos existen otros nueve edificios del barrio amenazados por licencias de derribo del Consistorio. El dirigente criticó con dureza al equipo de gobierno del PP por intentar crear, con estas licencias, solares que sólo degradarán todavía más un barrio ya castigado. José Luis Ramos, abogado de la plataforma, impugnó el pasado 4 de mayo la licencia de derribo en el número 181 de la calle Progreso de Valencia, situado en el entorno declarado Bien de Interés Cultural (BIC). Además, pidió al juzgado que suspendiera con carácter cautelar una posible demolición para evitar la desaparición del patrimonio protegido hasta que el futuro del Cabanyal se dirima en los tribunales.

El abogado apeló ayer, en una conferencia de prensa en el propio Consistorio, con los grupos de EU y PSPV respaldando a la plataforma, que se cumpla la ley de patrimonio y no se permita la creación de solares aislados en la zona, cuando saben "que no hay un plan de expropiaciones ni de urbanización" de la proyectada prolongación de la avenida Blasco Ibáñez. Ramos entiende que éste y otros edificios, amenazados de derribo, son de interés arquitectónico porque así se recogió en el PGOU de Valencia, de 1988.

"No se puede derribar por derribar. ¿Por qué dejar solares cuando quedan tantos años para el planeamiento?", cuestionó Ramos, quien destacó lo absurdo de ordenar el derribo de cinco edificios "estratégicamente elegidos" y no contiguos. "El plan del Cabanyal no está judicialmente acabado, como da a entender la alcaldesa", reiteró Ramos. Ahora está pendiente la admisión a tramite en el Tribunal Supremo de un recurso de Salvem contra la decisión del TSJ valenciano que validaba el proyecto de prolongación de Blasco Ibáñez que abandera Rita Barberá. La decisión se espera en pocas semanas. Además, existe otro litigio pendiente en el Supremo después de que la plataforma apelara, sin éxito, al Ministerio de Cultura para que velase por esta zona BIC. El concejal socialista Francisco Carsí dijo que la providencia era "un hito importante" porque cuestiona el planeamiento diseñado por el PP para esta zona de la ciudad. La edil de EU María Victoria González insistió en que hay alternativas posibles a la planteada por la alcaldesa para la conexión con el mar y que evitarían el destrozo de los poblados marítimos.

El teniente de alcalde de Valencia, el popular Alfonso Grau, aseguró ayer poco después de la conferencia de prensa de Salvem que en estos momentos ni el Ayuntamiento, ni Aumsa, ni los servicios jurídicos, ni en el registro de entrada han recibido notificación alguna. Grau anunció que el Ayuntamiento alegará cuando sepa a qué tiene que responder porque, de momento, no conoce el escrito fundamentado de la otra parte. El teniente de alcalde aventuró: "Vamos a continuar exactamente igual porque la sentencia del TSJ es muy clara" y no tiene, a su juicio, apelación posible. Grau defendió el cambio de planeamiento aprobado y acusó a la oposición de caer en un "error político".