Francia endurece la política de inmigración con más expulsiones

El ministro francés del Interior, Dominique de Villepin, anunció ayer que Francia endurecerá su política respecto a la inmigración clandestina estableciendo un servicio público de control que coordine la labor de las administraciones, creando un cuerpo de policía "especializada" y reformando criterios legales como el registro automático de los matrimonios contraídos en el extranjero. "La regularización masiva está excluida, pues no aporta soluciones", dijo De Villepin.

El ministro francés recibe hoy en París a los titulares de Interior de España, Alemania, Italia y Reino Unido -que, con Francia, forman el llamado G-5- en una reunión "excepcional" sobre el control de fronteras. De Villepin presentará hoy ante el Consejo de Ministros el mencionado paquete de medidas, que más que un cambio en la política de inmigración francesa parece consistir en una serie de directivas y ajustes destinados a cerrar los huecos por los que siguen entrando inmigrantes sin permiso en el país. En Francia hay en estos momentos entre 200.000 y 400.000 inmigrantes ilegales, según el ministro.

La Policía del Aire y las Fronteras (PAF) tendrá la misión específica de "luchar contra la inmigración ilegal" y coordinará a las otras fuerzas de seguridad con este objetivo. Para ello verá aumentados sus efectivos en 600 agentes durante los próximos dos años. Según explicó el ministro, la PAF se centrará en el desmantelamiento de las redes clandestinas de inmigrantes, y sus agentes se encargarán de devolver físicamente a la frontera a quienes detengan. El año pasado ya fueron expulsados del país 15.000 inmigrantes ilegales y en 2003 fueron 9.000. De Villepin espera que este año la cifra ascienda hasta los 20.000.

De Villepin anunció también medidas de control como la implantación de los llamados visados "biométricos", que permitirían identificar y devolver a sus lugares de origen a aquellos que hubieran entrado en Francia con un visado de turista y pretendieran instalarse. El ministro se refirió también a la llamada "lista de países seguros", que debe elaborar la Unión Europea, y advirtió de que si no se produce un acuerdo sobre esta lista antes del próximo 15 de junio, París elaborará su propia lista para acelerar los trámites para las demandas de asilo.

Puerta de entrada

Una de las medidas que más polémica han generado es la supresión del registro automático de los matrimonios de franceses con extranjeros contraídos en el extranjero, una puerta de entrada que fue utilizada por 42.000 personas en 2003. Los grupos defensores de los derechos humanos consideran que esta ley establece más sospechas sobre los extranjeros.

El tajante rechazo a una regularización masiva, como la que ha tenido lugar en España, lo justificó De Villepin en las "lecciones" sacadas de experiencias hechas en este sentido en 1981 y 1997. "Hubo un efecto llamada y de inmediato los inmigrantes irregulares antiguos han sido reemplazados por nuevos inmigrantes", dijo. "Debemos ser extremadamente estrictos y firmes en lo que se refiere a la inmigración irregular. No se puede por un lado hacer un esfuerzo de integración y por otro tener un país reducido al estado de colador que día tras día ve llegar a su territorio inmigrantes irregulares cada vez más numerosos", añadió.

Quienes se han beneficiado ahora en España de un permiso de residencia, puntualizó De Villepin, "no podrán venir a trabajar" a Francia porque sus permisos son exclusivamente para el país que se los ha concedido, no para toda la Unión Europea. "Una cosa es la libertad de movimientos dentro del territorio europeo", explicó, "y otra el derecho a residencia".