Griñán defiende la validez del actual sistema de financiación y aboga por introducir sólo "ajustes"

La Junta ha marcado de nuevo distancias con el Gobierno Cataluña a raíz de la polémica de la financiación autonómica. Frente al cambio total del sistema que propugna la Generalitat, el consejero de Economía, José Antonio Griñán, defendió ayer el modelo de financiación vigente y abogó por introducir sólo "ajustes" para mejorarlo. Estos ajustes, según dijo Griñán en el Parlamento, pasan por dar más autonomía financiera a las comunidades y por mejorar los mecanismos que hay para nivelar los servicios que prestan las comunidades. El consejero apeló al consenso de los partidos andaluces en este asunto.

Desde que el Gobierno de Pasqual Maragall anunció su intención de incluir en su Estatuto su plan de financiación (recaudación de todos los impuestos de su comunidad y cesión de un máximo del 50% a la Administración central), el Ejecutivo andaluz ha reiterado en varias ocasiones su oposición. En su intervención inicial en la Cámara, Griñán no hizo mención alguna al proyecto de Cataluña, pero su disertación dejó claro que los planes de Andalucía son bien diferentes.

Lo primero que quiso dejar claro es que cualquier cambio que se haga en la financiación de las comunidades autónomas debe sellarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, un órgano que reúne al Gobierno central y a los autonómicos. Tras defender algunas virtudes del actual modelo, en vigor desde 2002 con el consenso de todas las autonomías, el consejero desgranó algunos puntos que, en su opinión, deben ser mejorados.

El primero de todos, la autonomía financiera de las comunidades. Griñán abogó por que los gobiernos autonómicos tengan más márgenes para generar ingresos por sí mismos, lo que conecta directamente con el aumento de sus competencias en materia de fiscalidad. "Queda un amplio margen para avanzar en la autonomía y la corresponsabilidad fiscal", dijo. En este punto, lamentó la limitación que tienen las autonomías para crear impuestos propios y destacó que las iniciativas que se han tomado en este sentido han sido impugnadas en los tribunales con la alegación de que la materia ya está gravada por la Administración central o los ayuntamientos.

No obstante, Griñán apuntó algunas recetas para mejorar el poder fiscal de las autonomías: darles mayor capacidad normativa (potestad para subir o bajar impuestos) en el caso de los tributos cedidos; definir mejor los tributos de gestión propia; una gestión más eficaz de los tributos compartidos y mayor participación de las comunidades en la Agencia Tributaria. "Nuestra autonomía consiste en decidir si queremos un poco más de sanidad o de educación sobre los niveles medios nacionales a cambio de un mayor esfuerzo fiscal", afirmó.

El consejero de Economía abogó también por mejorar la capacidad que tiene la Administración para nivelar los servicios entre las distintas comunidades, especialmente en el caso de la sanidad. Además, propuso cambios en el Fondo de Compensación Interterritorial (inversiones para equilibrar las desigualdades territoriales) y que el objetivo de estabilidad presupuestaria de las comunidades (el conocido déficit cero) se fije por ciclos y no sea una exigencia anual.

El portavoz de Economía del PP, José Enrique Fernández de Moya, hizo una extensa intervención inicial sobre el concepto de solidaridad interterritorial, con citas de jurisprudencia incluida, para luego acusar al presidente de la Junta, Manuel Chaves, de ser "incapaz" de poner orden en el PSOE en materia de financiación autonómica. Griñán, en la réplica, insistió en que su objetivo es lograr el consenso de los partidos andaluces en este tema para participar con "fortaleza" en el debate territorial.

En la misma Comisión de Economía, la portavoz de IU, Concha Caballero, acusó a Griñán de "ocultar" el déficit sanitario y advirtió de que esa postura le resta posibilidades en la negociación que se va a abrir a escala estatal sobre este asunto, informa Europa Press. Caballero aseguró que la Cámara de Cuentas ha cifrado este déficit en 1.800 millones de euros, cifra que rechazó Griñán. El consejero aseguró que dar una cifra de déficit "no da ninguna ventaja" en la negociación de la financiación sanitaria y defendió negociar con criterios objetivos y entre ellos citó el reconocimiento de la población de cada región.