Sánchez Llibre declara que se enteró del 'caso Turismo' por la prensa

Lo negó todo o no recordó nada. El ex secretario de organización de Unió Democràtica (UDC) Josep Sánchez Llibre rechazó ayer cualquier vinculación personal o de su partido con el caso Turismo, relativo a la supuesta malversación de casi un millón de euros del Consorcio de Turismo de Cataluña entre 1993 y 1995, cuando lo dirigía Joan Cogul. El testigo aseguró también que tuvo conocimiento del caso a través de los medios de comunicación.

El caso Turismo fue investigado por la justicia sin referencia alguna a su relación con UDC, pero el cambio de declaración de la viuda de Cogul, la acusada Carme Fargas, abrió una vía inédita. Fargas afirmó que su marido recibió presiones de la dirección de Unió para que encargase esos informes falsos o inútiles desde el consorcio a empresas amigas, que después de su dimisión el partido lo "dejó tirado" y que el líder Josep Antoni Duran Lleida ordenó que se comprase su silencio y se le abonasen 100.000 pesetas mensuales (unos 600 euros) por captación de militantes.

En su comparecencia ante el tribunal, Sánchez Llibre negó todas estas acusaciones de manera contundente y afirmó: "No tenemos nada que ver", para negar la supuesta financiación del partido a través del consorcio. "Yo no le he preguntado eso", le replicó el abogado de la Generalitat, quien segundos antes le había interrogado sobre si las repercusiones políticas del caso no preocupaban al partido y a sus dirigentes. Fue en momentos como ese cuando el presidente del tribunal, Josep Maria Pijoan, se mostró más considerado con el testigo de lo que lo ha estado durante todo el juicio con los acusados. Ayer el juez terció en beneficio del testigo en situaciones engorrosas.

La declaración de Sánchez Llibre, así como la del consejero de Consumo y Turismo de la Generalitat en la época en la que sucedieron los hechos, Lluís Alegre, habían sido solicitadas por el abogado de la acusación Manuel González Peeters. Sin embargo, los interrogatorios derivaron en un frontón, pues todas las preguntas comprometidas fueron devueltas por Sánchez Llibre con expresiones recurrentes, como "no recuerdo", "no me consta" o "no sé".

Conversaciones con la viuda

El ex dirigente de Unió explicó que sólo había hablado en dos ocasiones con la viuda de Cogul: hace un año, en un acto del partido, y cuando falleció su esposo, para darle el pésame. También negó haber telefoneado a Cogul para que abonara, antes de dimitir, algunos informes a ciertas empresas; haberle presionado para que se diera de baja en el partido y haberle ofrecido un abogado para defenderse; ni siquiera admitió haber coincidido con ellos en actos sociales, pese a que existen fotos de alguno de esos encuentros.

El fiscal Fernando Rodríguez Rey fue más efectivo en sus preguntas y se centró mucho en los pagos que recibió Fargas cuando la fiscalía ya estaba investigando el caso. Sánchez Llibre declaró que la esposa de Cogul percibió ese dineró en concepto de dietas por captar militantes, pero el fiscal le recordó que a las dietas no se les aplicaba IVA ni la reducción del IRPF como consta en las facturas giradas a Unió. "Pues ahora que me lo dice, lo veo", respondió.

En otro momento, Sánchez Llibre explicó que el caso Turismo nunca fue debatido en los órganos de dirección de Unió y que él se enteró "por los medios de comunicación" y porque se lo dijeron "algunos compañeros de partido". Al preguntársele directamente si Duran Lleida o el también dirigente Jordi Casas prometieron al matrimonio Cogul un final feliz del caso judicial, el testigo respondió: "Estoy convencidísimo de que no".

El ex consejero Lluís Alegre, por su parte, declaró que cuando se descubrieron "irregularidades administrativas" en el Consorcio de Turismo nadie le informó de que se habían realizado informes falsos. Al igual que Sánchez Llibre, también afirmó que se enteró por la prensa de la desparición de 3.000 informes ocurrida en 1991 y 1992, cuando era el responsable del departamento. El caso trascendió en 1997, cuando ya había abandonado el cargo. Alegre tampoco habló con nadie del caso. "Pensaba que no convenía", dijo.

El Departamento de Consumo, Comercio y Turismo anunció ayer a través de un comunicado que está estudiando emprender acciones legales contra los responsables políticos y administrativos "referidos" en este proceso, por considerar que el consorcio pudo haber sido utilizado "como una especie de caja B" por los anteriores gestores.