La regularización no es igual para todos

Ser de un país pequeño, pobre, desorganizado y desconocido para muchas personas es una desgracia hasta para intentar salir adelante en España.

Vengo de Haití, tengo mi trabajo, llevo más de tres años viviendo en España y fui uno de los primeros que el día 7 de febrero echaron con gran ilusión los papeles para intentar mejorar un poquito mi vida. Un mes antes fui a mi embajada para preguntar sobre el certificado de antecedentes penales, ellos me dieron un papel que ingenuamente creí que era lo que me pedían, pero cuál fue mi sorpresa cuando dos meses después de echar mi solicitud recibí una carta de la Delegación del Gobierno en la que se me denegaba alegando que dicho certificado no era legal. Mi embajada no había sido capaz de informarme y atenderme correctamente y, lo que es peor aún, no fueron capaces de admitir a tiempo su ignorancia.

Llegado a este punto, todavía me quedaba un mes para poder contactar con alguien en mi país, conseguir el certificado, legalizarlo, traducirlo y volverlo a entregar.

Pero Haití es un país en el que no existen infraestructuras, hay una gran inseguridad y la gente no tiene para comer, por lo que a pesar de haber enviado más de 300 euros sigo sin saber nada del certificado y veo cómo mis esperanzas se desvanecen. Sin embargo, hay países que tienen tratados y les vale el papel que les da la embajada, otros a los que el Gobierno español se lo ha tramitado directamente y países en los que las propias embajadas se lo han gestionado en el país de origen: es evidente que todos los inmigrantes no somos iguales ni tenemos las mismas oportunidades.