La UE abre el mercado de los 'taifas' del crudo

La presidencia británica de la Unión Europea será la encargada de poner punto final a más de 15 años de negociaciones con el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) encaminadas a formalizar un Acuerdo de Libre Comercio que permita a las empresas europeas acceder en condiciones preferenciales y con aranceles nulos o muy bajos, a los mercados emergentes de los taifas del petróleo, depositarios del 45% de las reservas mundiales de crudo.

Las empresas europeas podrán acceder a los mercados del golfo Pérsico en condiciones preferenciales y con aranceles nulos o muy bajos

Los países del GCC (Arabia Saudí, Omán, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Bahrein y Qatar) suministran el 20% de la producción de petróleo mundial, aunque sólo Kuwait y Qatar podían sobrevivir exclusivamente de los ingresos del petróleo. En conjunto representan un mercado potencial de 30,8 millones de habitantes, con un PIB per cápita que oscila entre los 7.830 dólares de Omán (algo inferior a Extremadura) y los 16.340 dólares de Kuwait (similar a Cataluña), y con una tasa de crecimiento económico del 5,75% en 2003, que tiene su punta en el 9,9,% de Kuwait, seguido de Emiratos Árabes Unidos (7%), Arabia Saudí (6,4%) y Bahrein (5%).

A pesar del último repunte de los precios del crudo todos estos países han apostado por mantener las políticas de diversificación de sus economías y de creación de nuevas fuentes de ingresos iniciadas durante el periodo de la bajada de precios, especialmente entre 1998 y 1999, facilitando las inversiones extranjeras, incluyendo la privatización de las empresas públicas, y la reducción de las subvenciones nacionales.

Estas reformas liberalizadoras llevadas a cabo por los Gobiernos de los seis países han abierto nuevas oportunidades de negocio para las empresas europeas, principalmente en los sectores de petróleo y gas. Un escenario que el ministro de Economía y Comercio de Qatar, Sheik Mohamed Al Thani, trasladaba recientemente a más de medio centenar de los mayores empresarios españoles.

Presencia española

Qatar está negociando un acuerdo de libre comercio con la UE y entre las medidas adoptadas por su Gobierno destacan la modificación de las leyes de agricultura, energía, turismo, recursos naturales y minería, que ahora permiten la propiedad privada en manos extranjeras. Además, han reformado el mercado laboral y están llevando a cabo otro tipo de medidas, derivadas de la entrada en vigor próximamente de una nueva Constitución. Como destacaba el secretario general de Comercio Exterior español, Alfredo Bonet, durante el citado encuentro en Qatar y en todos los países del Consejo de Cooperación del Golfo existen "interesantes posibilidades de negocio, en infraestructuras y servicios públicos. Está casi todo por hacer y van a sacar contratos muy importantes a concurso internacional".

La presencia de las empresas españolas en los países del Golfo es muy limitada en el comercio y prácticamente inexistente en la inversión. A pesar del enorme potencial de la región, España sólo aporta el 1,1% del total de las compras exteriores de los seis Estados miembros del CCG, por detrás de países como Corea del Sur, Singapur, Taiwán, Tailandia, India o Indonesia. Durante 2004, las exportaciones españolas al CCG alcanzaron un valor de 1.658 millones de euros frente a unas importaciones por 2.692 millones, que arrojan un déficit para nuestro país de 1.034 millones de euros, consecuencia de las compras energéticas, con una tasa de cobertura de sólo el 38,4%. En el capítulo de las inversiones, entre 1995 y 2003, los datos oficiales de la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio sólo registran una inversión de 53,5 millones de euros en Arabia Saudí, siendo nula la presencia de las empresas españolas en el resto de los países miembros.

Aunque desde la última ronda formal de negociaciones, en julio de 2004, no se ha vuelto a convocar ninguna cumbre bilateral entre la UE y el CCG, el Reino Unido está especialmente interesado en cerrar el acuerdo y los contactos entre ambas partes se han ido sucediendo con la celebración de diversas reuniones de carácter técnico, referidas a derechos de propiedad intelectual, compras públicas y solución de diferencias. Y ha sido, tras la última de estas reuniones, que tuvo lugar en Bruselas el pasado 8 de marzo, cuando la Comisión Europea adoptó la decisión política de cerrar el acuerdo antes de finalizar el año 2005.

Dos son las razones esenciales que motivan la urgencia de Bruselas. Primero, adelantarse a las maniobras de Estados Unidos, que ha firmado ya un acuerdo bilateral de libre comercio con Bahrein y ha iniciado negociaciones similares con Qatar y Emiratos Árabes Unidos para privilegiar la posición de las empresas norteamericanas en la región. Y, en segundo lugar, pero no menos importante, buscar un mecanismo de compensación a la sangría económica que supone para los países de la UE la creciente factura energética.

El cumplimiento por parte de los países del Consejo de Cooperación del Golfo de las dos condiciones previas impuestas por Bruselas para formalizar el acuerdo: el establecimiento de una Unión Aduanera entre los seis Estados miembros del CCG y la adhesión de todos ellos a la Organización Mundial del Comercio (OMC), ha contribuido también a acelerar el cierre de las conversaciones.

Por lo que respecta a los capítulos pendientes, la UE y el CPG llegaron a un consenso en las negociaciones relativas a los productos agrícolas y sobre propiedad intelectual en la ronda de julio, y en la actualidad los principales puntos a debate se centran en la contratación pública y servicios en aluminio y productos petroquímicos donde el obstáculo más importante se deriva del sistema de doble precio de la energía que practica Arabia Saudí y que consiste en vender petróleo y gas a su industria nacional por debajo de los precios de referencia, lo que constituye en la práctica una subvención encubierta. La Comisión Europea solicitó la supresión de este sistema y sugirió que la Dirección General de Comercio de la CE introdujera un mecanismo equilibrador para compensar a la industria europea de los perjuicios sufridos.