El alcalde en su rincón

Seis horas de interrogatorio son demasiadas horas, para aguantar a pie firme y no buscar amparo y refugio en ese rincón de silencio, que su derecho le acredita. Y eso hizo el alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, imputado en el llamado caso Mercalicante, o sea, en el desfalco de unos seis millones de euros perpetrado en la mencionada empresa de la que es presidente. El minucioso informador ha contabilizado 44 negativas del alcalde a responder a otras tantas preguntas formuladas por las acusaciones populares correspondientes al PSPV y a José Luis Valdés, el dirigente vecinal que levantó la investigación judicial de este abultado escándalo financiero. Sí declaró el primer edil ante Cristina Costa, la juez que instruye el caso, y ante el fiscal anticorrupción, Felipe Briones. Y, en todo momento, apeló a la confianza que siempre había depositado en los técnicos, con objeto de justificar su falta de conocimiento de lo que se cocía en Mercalicante. A requerimiento del fiscal, manifestó que trimestralmente el gerente de la empresa le remitía un informe de gestión, pero que, sin embargo, "cuando el gerente (Emilio Clavero, ya ex gerente), tenía que despachar algún asunto, entre reunión y reunión de la comisión ejecutiva o del consejo, despachaba con los vicepresidentes", es decir, con los señores Gonzalo Simón, de Mercasa, y Juan Zaragoza, concejal popular del Ayuntamiento, igualmente imputado en esta causa, y a quien se le tomará declaración en los próximos días. Aunque Díaz Alperi en su comparecencia, y tras pretender echar fuera cuantos balones pudo, se mostró, aparentemente, sereno y seguro de sí mismo, advirtió que posiblemente recurriría al amparo del Tribunal Constitucional, todo vez que entendía que se habían conculcado sus derechos y que se encontraba en una situación de indefensión total. Y su abogado, Joaquín Galant, no descarta presentar querella criminal contra el PSPV, si prospera el recurso de aclaración que ha presentado ante la juez. Por su parte, el portavoz municipal socialista, Blas Bernal, lamentó la actitud del alcalde, al no afrontar sus responsabilidades políticas, y poco después precisó que su grupo está estudiando la ampliación de las acciones judiciales a todo el Consejo de Administración de Mercalicante; en tanto, el concejal del mismo grupo, Ángel Franco, ponía en la picota a los letrados de la empresa y del Ayuntamiento, al considerar que velaban no por los intereses generales de los alicantinos, como es su función, sino por los del alcalde Díaz Alperi. El cronista que pretende observar cada movimiento, así como las estrategias y estratagemas, de protagonistas y agonistas, en este impertinente y turbio escenario, donde tantos caudales públicos se han trampeado, hasta ahora, se congratula de la presencia de la acción popular, promovida por José Luis Valdés, que supone una garantía y un aval. Y si cunde, puede y debe enderezar muchas desviaciones administrativas. Aunque a lo que se ve, un poder municipal y presunto patriota constitucional ha sido incapaz de reconocer ni de contestar a la soberanía que reside en el pueblo -en la ciudadanía, en el vecindario-, según se recoge en la Carta Magna. Vaya, qué fiasco. Así que, como mucho, patriotero y probablemente hasta de segó.