"El planteamiento de Cataluña no se va a aplicar nunca. No se puede aplicar"

José Antonio Griñán (Madrid, 1946) lleva una semana dándole vueltas a los planes del Gobierno de Cataluña sobre la financiación autonómica. El consejero de Economía explica su oposición al proyecto, pero también hace hincapié en su rechazo a que se susciten rivalidades entre los diferentes territorios.

Pregunta. ¿Por qué se opone el Gobierno andaluz al modelo de financiación propuesto por el Ejecutivo catalán?

Respuesta. Cataluña no ha propuesto un modelo de financiación.

P. Bueno, pues, ¿qué ha planteado?

R. Cataluña no ha propuesto ningún modelo de financiación. Ha propuesto unas relaciones bilaterales que establezcan la financiación para Cataluña en función de un arreglo que negocia en el Estatuto de Autonomía. Error. Punto primero: No se puede establecer una financiación autonómica a partir de una relación bilateral. Punto segundo: No se puede tampoco modificar un sistema de financiación que está vigente por consenso de todas las comunidades autónomas si no es con el concurso de las mismas comunidades que han aprobado ese sistema.

"No se puede modificar un sistema de financiación que está vigente por consenso si no es con el concurso de todas las comunidades"

"Se puede avanzar en la autonomía financiera de las comunidades. El límite estaría en las decisiones que repercutieran en la igualdad de los españoles"

P. ¿Cómo afectaría ese planteamiento al resto de comunidades?

R. De ninguna forma. Lo que proponen no es más que una relación bilateral entre Cataluña y el Estado. No se va a aplicar nunca, no se puede aplicar. Es imposible medir a nivel nacional las repercusiones que tendría el sistema catalán.

P. El Gobierno catalán habla de evolucionar hacia un modelo federal. ¿Hay algún precedente?

R. La Constitución española crea un sistema que se llama Estado de las Autonomías. El Estado de las Autonomías dice que las comunidades deben tener autonomía financiera y que esa autonomía financiera tiene que establecerse con arreglo al principio de solidaridad entre todos los españoles. Dicho esto, hay margen de sobra para aumentar la autonomía financiera de las comunidades autónomas sin necesidad de apelar al sistema que propone Cataluña.

P. ¿Cómo?

R. Hoy día las comunidades autónomas, prácticamente, ni gestionan, ni inspeccionan ni vigilan ni controlan ni recaudan la mayoría de aquellos impuestos sobre los que tienen una participación o tienen transferida la gestión. Lo primero que habría que hacer es que la Agencia Tributaria estatal tuviera una participación de las comunidades. Ahí se tendrían que establecer los criterios, las medidas de control y de vigilancia en aquellos impuestos donde las comunidades tienen participación, bien sea la renta o el IVA, sin ninguna posibilidad de autonomía de gestión. Se puede avanzar sin duda en una mayor autonomía de gestión.

P. ¿Cuál es el límite?

R. El límite de la autonomía de gestión estaría en aquellas decisiones que repercutieran sobre la igualdad de todos los españoles o la solidaridad entre ellos. Andalucía y el resto de las comunidades estamos dispuestos a avanzar en la autonomía financiera. A lo que no estamos dispuestos es a que la autonomía financiera la defina una comunidad en su propio beneficio.

P. El actual sistema de financiación se basa en una cesta de impuestos cedidos a las autonomías. ¿Es posible avanzar en este camino?

R. Claro que es posible. Las comunidades no tienen potencia fiscal. Un Ayuntamiento tiene más potencia fiscal. No tengo ninguna duda de que es necesario avanzar en la autonomía fiscal. Pero la autonomía fiscal no puede dar privilegios a unas comunidades sobre otras. No toda la recaudación de todos los impuestos debe quedarse en una comunidad. Y esa comunidad no debe ser la que le dé al Estado una cantidad para que preste servicios. Esto es lo que ocurre en el País Vasco y Navarra, que son las excepciones constitucionales. El resto se guía por un sistema en donde el Estado tiene competencia y soberanía fiscal. Y las comunidades deben tener mayor autonomía financiera, con el límite de la solidaridad entre todos los españoles, y en segundo lugar, deben tener capacidad de gestión, de vigilancia e inspección.

P. En Cataluña se habla del déficit fiscal de esta comunidad. ¿Tiene sentido hablar de...

R. Tengo algo muy claro. Diciembre de 2004, Maragall, en Andalucía, dijo: ingreso por renta, gasto por población. Y dijimos que de acuerdo. Ahora nos encontramos que dice: ingresos, los que se recaudan en una comunidad autónoma, y gastos, según el esfuerzo fiscal y el PIB. Eso no es lo que se dijo. Hay una modificación sustancial de lo que se dijo en Sevilla. Nosotros seguimos diciendo que sí a pagar por renta y que el elemento fundamental para la distribución de recursos sea la población.

P. Pero, ¿tiene sentido hablar de balanzas fiscales?

R. ¿Cuál es el esfuerzo fiscal?, que es el concepto nuevo que introduce Cataluña. Es un concepto equívoco y falso. Si un catalán tiene que pagar los mismos impuestos que un andaluz, la presión fiscal es la misma. Por tanto, no se puede hablar de que el esfuerzo fiscal que hace una comunidad sea superior a otra, salvo que esa comunidad tenga unos impuestos mayores. En términos generales, el esfuerzo fiscal lo hacen las personas, no los territorios. ¿Dónde puede haber diferencias? En aquellas comunidades que afligen a sus ciudadanos con una carga mayor en virtud de su capacidad normativa. Por ejemplo, Asturias, Galicia, Cataluña y Madrid tienen el céntimo sanitario. Ese esfuerzo les da derecho a una recaudación mayor y nadie la impugna. Si usted pone, además de las normas generales que se aplican en todo el territorio, un impuesto o una tasa para un servicio determinado lo que recaude se lo queda usted y tiene derecho a mayores ingresos. Pero en el impuesto sobre la renta, el impuesto de sociedades, el IVA y en otros impuestos especiales, el esfuerzo fiscal es el mismo entre cualquier ciudadano, esté donde esté, porque la normativa es igual. No se pueden hacer balanzas fiscales, entre otras razones, porque sólo hay una soberanía, que es la del pueblo español. No hay soberanía en las comunidades y, si no hay soberanía, tampoco hay soberanía fiscal.