Los pacientes reclaman más financiación pública
La presidenta de la Asociación Nacional para Problemas de Infertilidad (Ceres), María José González Galindo, expresó ayer su apoyo a la nueva Ley de Reproducción Asistida, pero echó en falta un incremento de la financiación pública para estos tratamientos. Las listas de espera en la sanidad pública pueden alcanzar los dos o tres años, y el tratamiento en una clínica privada puede llegar a costar 8.000 euros. Según González Galindo, los problemas de infertilidad afectan a 800.000 personas en España.
El Instituto Dexeus de Barcelona consideró el texto "un avance significativo, porque actualiza la ley a las necesidades actuales de la sociedad y de los pacientes". Montse Boada, jefa de Biología del instituto y miembro de la Comisión Nacional de Reproducción Asistida, destacó que la ley aumenta las probabilidades de conseguir un embarazo al eliminar el límite de tres óvulos y "acaba con la situación de indefinición respecto al futuro de los embriones sobrantes".
El Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI), que tiene registradas veinte peticiones de parejas que quieren seleccionar sus embriones para salvar a un hijo enfermo, indicó que las autoridades sanitarias "son conscientes de la urgencia de esta actualización legal, dada la situación en que se encuentran las familias afectadas". Los portavoces del IVI mostraron su satisfacción por el hecho de que la nueva ley amplíe las atribuciones de la Comisión Nacional de Reproducción Asistida, que deberá informar sobre cada caso.
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