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Reportaje:

Derechos humanos a la siria

Las organizaciones de defensa de los presos políticos son hoy más activas, pero siguen en un limbo legal que favorece la indefensión

Suena el móvil de Anwar al Bunni. Un colega le cuenta que el diario Al Zaura (oficial) informa de la desaparición de Nizar Rashtanami, como él, un activista de los derechos humanos en Siria. "¿Se puede creer que a estas alturas todavía haya gente a la que detienen y no sabemos a dónde se la llevan?", pregunta tras disculparse por la interrupción. Aunque el presidente Bachar el Asad ha decretado dos amnistías desde su llegada al poder en el año 2000, las asociaciones de derechos humanos estiman que aún quedan entre 1.000 y 2.000 presos políticos en Siria.

"Tenemos registrados a tres centenares de antiguos presos políticos y 120 kurdos de las protestas del año pasado", declara Al Bunni, abogado y miembro de la Asociación de Derechos Humanos en Siria (ADHS). "Había 320 kurdos detenidos, pero cuando hace unas semanas anunciaron su liberación, sólo salieron en realidad 200", lamenta. Sin embargo, tanto su asociación como otras tres con objetivos similares consideran que el total es más abultado.

Las organizaciones de derechos humanos creen que hay entre 1.000 y 2.000 presos políticos

"De acuerdo con las denuncias de desapariciones que recibimos, calculamos que deben ser entre mil y dos mil", manifiesta en su modesto despacho del centro de Damasco. "La dificultad estriba en saber qué aparato de seguridad ha procedido a su detención, ya que hay cinco servicios, cada uno con varios departamentos, y cada departamento, con su propia cárcel", describe, antes de enumerar una quincena de carceleros.

ADHS ha pedido al régimen que abra sus archivos para que las familias puedan reunirse con sus seres queridos, o guardarles luto en caso de que estén muertos. Es lo que desearía la familia de Farhan al Sobhi, un general detenido en 1970 y que, si sigue vivo, sería uno de los presos políticos más antiguos del mundo. El periodista sirio Mazen Yaghi, que pertenecía clandestinamente a esa organización y escapó de su país a España hace cuatro años por temor a ser encarcelado, asegura que "hay por lo menos 5.000 disidentes sepultados en varios lugares de Siria".

Al igual que en otros terrenos de la vida política, los avances que se han producido desde que en el año 2000 Bachar heredó la presidencia de su padre, Hafez el Asad, están sujetos a altibajos y contradicciones. Uno de los ejemplos claros son las propias organizaciones de derechos humanos. "Se nos oye más y nos estamos mostrando más activos, pero seguimos en un limbo legal y en cualquier momento pueden actuar contra nosotros", explica Al Bunni. "No ajustan las leyes de acuerdo a los cambios que anuncian; muchos de los pasos que se dan se contradicen con la Constitución", destaca, convencido de que el objetivo de quienes toman esas decisiones es "mantenerse en el poder".

"Trabajamos en un campo de minas", corrobora Abdul Karim Rihawi, director de la Organización Siria de Derechos Humanos. "No podemos dar conferencias de prensa, ni recibir financiación internacional, ni imprimir folletos".

Al Bunni y Rihawi son de las escasas voces disidentes que reconocen que la presión exterior es lo único que propicia los cambios. "Tiene que responder con algo", defiende Rihawi. Sin embargo, tampoco desean una intervención a la iraquí. "Lo que pedimos a Occidente es que presione para que el régimen dé más espacio a la sociedad", aclara Al Bunni. "De todas maneras, esto no es más que una operación de cirugía estética de la que el paciente va a salir más feo", apunta Rihawi. "Siento que me estoy engañando a mí mismo al ser parte de este juego, ayudando al régimen a parecer más presentable", concluye.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 7 de mayo de 2005