Un juez imputa delitos de coacciones y amenazas al alcalde de Benidorm por dejar sin asesores al PSPV

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Benidorm imputa al alcalde de ese municipio, Vicente Pérez Devesa, del PP, delitos de coacciones y amenazas tras haber acordado éste en un pleno, el 15 de abril, el despido de los asesores del grupo municipal socialista, en la oposición. En vísperas de esa sesión plenaria, Pérez Devesa advirtió públicamente de que dejaría al grupo de la oposición sin asesores si los socialistas no respaldaban su propuesta de que un pabellón deportivo de la ciudad, de nueva construcción, llevara el nombre de Eduardo Zaplana, actual portavoz del PP en el Congreso y ex alcalde de Benidorm y de la Generalitat.

Los socialistas, que en el pleno se opusieron a la propuesta del alcalde y forzaron a éste a buscar otra denominación para el pabellón -Zaplana sólo aceptaba ceder su nombre si existía consenso- denunciaron entonces al alcalde en el juzgado.

El Juzgado número 3, antes mixto 5, ha abierto las diligencias previas (1130/2005) y, en un auto remitido al alcalde, considera que los hechos denunciados pueden ser constitutivos de los delitos de coacciones y amenazas del Código Penal, por lo que procede practicar diligencias encaminadas a "esclarecer la naturaleza y circunstancias del hecho, las personas que en él hayan participado y el órgano competente para el enjuiciamiento".

En la parte dispositiva del auto, el juez cita al denunciante, el portavoz socialista Agustín Navarro, a que se ratifique en su denuncia, hecho que ya se ha producido, y al denunciado, Vicente Pérez Devesa, a fin de recibirle declaración, el 27 de mayo, en calidad de imputado.

En el pleno, el alcalde aludió a que la medida era consecuencia del incumplimiento por parte de los socialistas de un pacto "tácito y verbal" para llamar el pabellón Eduardo Zaplana. "Si hubieran reconocido el pacto creado en su día para dar al pabellón el nombre de Zaplana, los funcionarios se habrían reintegrado a su lugar de trabajo", dijo Pérez Devesa.

Además de perder a los seis asesores, los socialistas, con 11 ediles, se quedan sin tres teléfonos móviles y con menos retribuciones por asistir a plenos y comisiones. Los socialistas negaron ese acuerdo y tacharon la decisión del alcalde de "fascista e indecente". "Han recurrido a la parte más ruin del ser humano, como es jugar y frivolizar con el empleo", denunciaron.

Desde ese 15 de abril, la crispación en el Ayuntamiento no ha dejado de aumentar.