"Que nadie se llame a engaño, porque no habrá más regularizaciones"

La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí (Almería, 1957), es la principal arquitecta de la normalización de inmigrantes que concluirá el próximo sábado, día 7. En esta entrevista despeja algunas dudas que han surgido en la recta final del proceso.

Pregunta. A cinco días de la fecha de cierre, los empresarios han presentado más de 520.000 solicitudes de regularización. ¿Son muchas o son pocas?

Respuesta. Más de medio millón de empleos arrancados a la economía sumergida es una cifra muy importante. Demuestra que acertamos con el proceso de normalización, no sólo el Gobierno, sino sindicatos, empresarios, ONG y todos los que lo apoyaron. Y, desde luego, deja en evidencia a quienes anticiparon su fracaso. Van a emerger cientos de miles de nuevos trabajadores legales y también de nuevos contribuyentes que, en su mayoría, antes trabajaban irregularmente. La cifra cumple las expectativas del Gobierno.

"No hay ninguna posibilidad de que el Gobierno prorrogue el plazo del proceso"

"Ya hemos resuelto el 30% de los expedientes presentados. Queremos terminar todos en julio"

P. ¿Cabe alguna posibilidad de que el Gobierno amplíe el plazo en el último momento?

R. Ninguna. Éste es un proceso muy serio, sin precedentes, tanto en los requisitos que se han exigido como en el dispositivo preparado por la Administración para gestionarlo. El plazo ha sido suficiente y viene determinado por el propio Reglamento de la Ley de Extranjería. Si en lugar de tres meses hubiese sido de seis, o incluso de 12, también al final se hubiese pedido su ampliación. Estas cosas se plantean así, pero le puedo asegurar que si alguien no se acoge al proceso no habrá sido por falta de tiempo.

P. ¿Seguro que no ampliarán el plazo? Porque ustedes ya cambiaron de criterio con el empadronamiento por omisión.

R. No cambiamos de criterio; sencillamente, recurrimos a una figura legal que se utiliza desde hace ocho años para que nadie se quedara fuera de la normalización por razones estrictamente burocráticas, pero cumpliendo con todos los requisitos. Para tranquilidad de los ciudadanos, la solvencia de los criterios exigidos no ha variado un ápice, es plena. Sólo podrá acogerse a la normalización quien lleve en España desde antes del 8 de agosto, disponga de un contrato de trabajo y carezca de antecedentes penales.

P. ¿Se darán citas el próximo sábado para que los empleadores presenten la documentación en días sucesivos?

R. El plazo determinado en cuanto a la duración del proceso no es para conceder citas, sino para entregar la documentación. El último día no habrá cita previa; se recogerán directamente las solicitudes.

P. ¿Y qué pasará si a las nueve de la noche, hora de cierre, las oficinas de la Seguridad Social aún no han podido atender a todos los que hacen cola?

R. Pues que seguirán abiertas hasta que todo el mundo haya sido atendido. Quiero pensar que comprometer un contrato con un trabajador es lo suficientemente importante como para que mucha gente no lo deje para las últimas horas. Aun así, hemos reforzado el dispositivo y estamos preparados para resolver las incidencias. Hemos logrado que todo salga bien, contando, además, con mucha gente que ha arrimado el hombro: agentes sociales, ONG y otros colectivos cuyo esfuerzo, junto al de los funcionarios, quiero reconocer.

P. ¿Cuántos de los expedientes presentados han sido resueltos hasta ahora?

R. Más del 30%. La Administración va acelerando la tramitación a medida que dispone de un volumen significativo de solicitudes. Durante las próximas semanas, y ya sin la carga añadida de atender la llegada de solicitudes, el ritmo se acelerará considerablemente. Nuestro objetivo es finalizar el trabajo en julio.

P. ¿Y cuántas altas en la Seguridad Social se han producido?

R. Son ya decenas de miles. Las altas en la Seguridad Social deben materializarse en el plazo de un mes desde que se concede la autorización provisional de residencia y trabajo. En las últimas semanas se está produciendo un crecimiento muy importante de ellas, y esperamos que se acelere en los próximos días. Murcia, Madrid, Barcelona y Alicante están concentrando el mayor número de altas. El modelo que hemos puesto en práctica conduce de manera inexorable al alta del trabajador. Éste no ha sido un proceso para legalizar sin más, como los anteriores, sino para hacerlo a partir de un empleo cierto, no ficticio.

P. ¿Cuántas altas espera que se produzcan al final?

R. Las de todas o prácticamente todas las solicitudes aprobadas. No tiene lógica que alguien estampe su firma en un contrato e informe a la Administración de que quiere legalizar la situación de un trabajador extranjero para, finalmente, no completar el trámite. Sería tanto como si nos dijera que mantiene una situación fuera de la legalidad y, por tanto, nos facilitaría la tarea de control.

P. ¿Qué pasará después de este proceso con quienes no logren obtener papeles y con quienes sigan entrando irregularmente en España? ¿Habrá que hacer otra regularización dentro de un año?

R. No, no. Este proceso pone orden en una situación caótica con la que nos encontramos al llegar al Gobierno. Pero que nadie se llame a engaño, porque no habrá más regularizaciones. En el Reglamento de Extranjería existen otras posibilidades de regularización vinculadas al arraigo, pero no deben generarse falsas expectativas: vamos a combatir la inmigración irregular en todos los ámbitos, desde los puntos de entrada en el territorio hasta el empleo. La Inspección de Trabajo pasará a desempeñar un papel esencial contra esa lacra del empleo ilegal que tan cara sale a todos los ciudadanos y que ha sido el verdadero efecto llamada durante todos estos años.