Patronal y sindicatos rechazan prolongar la regularización más allá del 7 de mayo

Los componentes de la Mesa de Diálogo Social -Gobierno, patronal y sindicatos-, que impulsaron el proceso de normalización de inmigrantes, rechazan ampliar el plazo de presentación de solicitudes de regularización, que finalizará el próximo día 7. A su juicio, el periodo de tres meses que acordaron es "más que suficiente" para que los empresarios legalicen la situación de sus trabajadores extranjeros. Durante los últimos días, algunas ONG, partidos políticos y sindicatos agrarios, así como el responsable de migraciones de la Iglesia, han pedido la ampliación del proceso.

El martes pasado, los grupos parlamentarios de ERC e Izquierda Verde (IU-ICV) y PNV registraron en el Congreso un texto conjunto en el que, entre otras cosas, solicitaban al Ejecutivo que ampliara hasta el mes de agosto el plazo de la normalización. Es improbable que los diputados puedan discutir la propuesta antes de que se produzca el cierre del proceso, el próximo sábado. Pero la petición se une a las voces que en los últimos días han pedido más tiempo para que los empresarios soliciten la regularización de los inmigrantes que trabajan para ellos.

Entre esas voces figuran la del defensor del pueblo andaluz, José Chamizo; la del líder de IU, Gaspar Llamazares; la del presidente de la Comisión de Migraciones de la Conferencia Episcopal, José Sánchez; las de numerosas -aunque minoritarias- asociaciones de inmigrantes, y las de sindicatos como CNT o SOC. La mayoría de las demandas de ampliación del plazo han ido acompañadas de peticiones para que el Gobierno abra la mano en el número de documentos precisos para acceder a la normalización.

De momento, el Ejecutivo se niega a hacer variaciones que, en principio, implicarían una reforma del Reglamento de Extranjería y supondrían abrir un proceso de regularización distinto.

Juristas especializados en extranjería han explicado que los mecanismos legales de la Administración impedirían que la fecha de cierre pudiera cambiarse antes de cien días; es decir, sólo podría prolongarse mucho después del final de la normalización en curso.

La necesaria modificación del Reglamento debería ser remitida a las secretarías generales técnicas de los ministerios implicados (Trabajo y Asuntos Sociales, Asuntos Exteriores, Interior y Administraciones Públicas), que dispondrían de diez días para incorporar correcciones en el nuevo texto.

Con las modificaciones sugeridas, el nuevo texto debería ser enviado al Consejo Económico y Social (CES), que tendría 15 días para emitir su dictamen; al Consejo general del Poder Judicial (30 días más), al Consejo Superior de Política de Inmigración, a la Comisión Interministerial de Extranjería y al Foro para la Integración Social de los Inmigrantes. De allí, el nuevo Reglamento tendría que ser remitido al Consejo de Estado, que dispondría de dos meses más para emitir su dictamen. Entonces pasaría a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios y, finalmente, al Consejo de Ministros.

En decir, que el nuevo plazo del proceso de normalización no se abriría antes de agosto, justo la fecha de cierre que proponen como límite quienes piden una ampliación.

520.710 solicitudes

Al margen del problema de plazos, la CEOE rechaza la prolongación del proceso. Un portavoz del departamento de relaciones laborales de la patronal declaró que el plazo acordado les pareció en su momento el más razonable y que no ven razones para prolongarlo.

En el mismo sentido se pronuncia CC OO. El secretario de Migraciones del sindicato, Julio Ruiz, considera que la modificación del plazo "sería lo peor que podría ocurrirle a la imagen del proceso y a los propios inmigrantes.Al final del proceso es cuando se intensifican todos los elementos mafiosos", explica Ruiz. "La ampliación sólo reforzaría su actividad criminal".

El dirigente de CC OO opina que, tal como van los datos de la regularización, que el sábado alcanzó las 520.710 solicitudes, "el proceso va a estar cerca de alcanzar al número de extranjeros regularizables; es decir, a los empadronados antes del 8 de agosto del año pasado, que, una vez descontados los que no están en edad de trabajar, son unos 700.000".

La responsable de UGT, Ana Corral, recuerda que ésta es la mayor regularización de la historia de nuestro país, y afirma que no hay ningún argumento para dilatar los plazos. "Quien haya querido regularizar a sus trabajadores ha tenido tiempo de sobra", añade.

Al igual que Ruiz, Corral opina que una ampliación "podría provocar un efecto llamada por desconocimiento de los extranjeros, un aumento de la compra venta de documentos y un incremento de expectativas imposibles de cumplir entre los inmigrantes".