Catalogados pero desprotegidos

El expolio de olivos milenarios y centenarios desde las tierras del interior de Castellón hasta los puntos más diversos no es una novedad. Hace años que los propietarios de estos monumentales árboles tratan de sacarles rendimiento ante la falta de medidas y ayudas para su conservación y mantenimiento. Además, no existe ninguna norma que les impida arrancar el árbol y ponerlo en venta. Quizá por ello, Castellón ha sido objetivo de muchos viveros y de personas con un poder adquisitivo, o el gusto suficiente, como para pagar decenas de miles de euros por estos árboles. Francia, Bélgica, Holanda, Alemania o Suiza son algunos de sus destinos, aunque algunos ejemplares son arrancados del campo valenciano para ocupar un espacio en otro punto del país.

Hace casi tres años que la Fundación Penyagolosa denuncia este expolio. Y, desde entonces, apenas se han acometido algunas iniciativas para tratar de solucionarlo. Una de ellas ha sido la publicación, editada por la Diputación de Castellón y elaborada por la propia fundación, que bajo el título Olivos de Castellón. Paisaje y cultura, plasma la riqueza, importancia y valor de estos gigantes verdes. El volumen exhibe además un pequeño catálogo de olivos monumentales que, en cualquier caso, siguen desprotegidos.

El texto, redactado por Bernabé Moya, Arturo Oliver, Ferran Olucha y Fina Gonell, señala que hace sólo unos pocos años la mayoría de pueblos de la Comunidad Valenciana tenían olivos milenarios en sus campos. "Hoy todo ha cambiado y resulta imposible encontrar un ejemplar en cada municipio e, incluso en una comarca". Lo que sí hace el libro es "poner en valor" a los árboles. "Son auténticos monumentos, vivos, únicos e insustituibles", dice y señala como ejemplo comparativo la basílica de Santa María de Morella, el casco antiguo de Peñíscola o las Islas Columbretes. También se fija en el "oro líquido que nace de sus frutos y que continúa siendo esencial para el hombre".

La reprimenda del Consell Valencià de Cultura tras la venta, la semana pasada, de un olivo castellonense de 1.800 años a un parque francés fue rotunda. ""Nació al menos mil años antes de que los valencianos nos inventáramos a nosotros mismos". "¿Es valenciano?, ¿es nuestro?". "Si de alguna manera lo consideramos valenciano, es sólo en la medida en que nosotros nos consideramos valencianos", dijo el CVC en un comunicado.

La Olivera del Chato, en Almedíjar; la del camino de la Murta, en Altura; la Morrudeta, en Vall d'Alba; o la olivera de L'Algepsar, en Suera, son algunos de los ejemplos, de los ejemplares con nombre y casi con apellido, que recoge el libro con unas expresivas imágenes de su monumentalidad. Son considerados como patrimonio, pero no están protegidos.

El revuelo por la venta del olivo milenario a Francia fue contestada con el anuncio de la Consejería de Territorio de la preparación de un proyecto de ley que defina la protección de estos valiosos ejemlplares. Sin embargo, el mismo PP rechazó, hace dos años, varias iniciativas legislativas, tanto en el Parlamento valenciano como en el Congreso de los Diputados, que hubieran impedido que algunos de estos gigantes fueran arrancados. El diputado autonómico socialista Antoni Lozano llegó a presentar una proposición de ley que volverá a las Cortes. El texto especifica la necesidad de proteger "un patrimonio arbóreo único, que forma parte del patrimonio medio ambiental y cultural de los valencianos y valencianas, lo que indica que sea de interés público su protección y conservación". Su articulado recoge la clasificación de este patrimonio en tres categorías: árboles y arboledas monumentales e históricos, singulares y de interés local. Para las tres categorías, según el proyecto propuesto, la protección "implica que no pueden ser cortados, dañados, trasplantados, mutilados, modificados ni destruidos en su estado o aspecto". Además, la propuesta incluía la necesidad de que la Administración otorgara ayudas compensatorias "a los propietarios particulares donde radiquen los ejemplares y grupos declarados monumentales, singulares y de interés local cuando ocasionen perjuicios al propietario por la declaración" y señalaba a la entonces Consejería de Medio Ambiente como la responsable de la "vigilancia y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones" de la nueva ley.