La utilidad de las comisiones de investigación

La Fiscalía de Sevilla ha decidido remitir a un juzgado una demanda para que se incoen diligencias previas por un presunto delito de cohecho cometido en el ayuntamiento (Camas). La investigación pretende determinar si hubo financiación ilegal de IU, formación a la que pertenece el alcalde, Agustín Pavón que gobierna gracias al apoyo del PP y del PA. Se trataría de conocer el recorrido y el destino final de unos dos 12.000 euros recabados por el ayuntamiento entre los empresarios de esta localidad, situada en las proximidades de la capital andaluza, para actividades diversas del consistorio y que, sin embargo, pudieron servir para reducir una deuda contraída por la formación izquierdista durante la campaña electoral.

Por tanto, la fiscalía ha observado que existen indicios suficientes como para que el asunto llegue a los juzgados y se esclarezca lo ocurrido. No lo vio así en su día la comisión de investigación que se puso en marcha en dicho ayuntamiento y que concluyó eximiendo de toda responsabilidad a Pavón sin que se detectase anomalía alguna. Se desconoce si, a raíz de este escenario judicial, el coordinador provincial de IU, Sebastián Recio, tan preocupado por la que estima pésima imagen que están dando sus correligionarios que forman parte del gobierno municipal de Sevilla por el caso de las "facturas falsas", va a tomar alguna medida con respecto a Pavón. De igual modo, es poco probable que las direcciones provinciales del PP y PA opten por romper el pacto de gobierno que mantienen con los izquierdistas en dicha población.

Este caso pone, además, en evidencia la utilidad de las comisiones de investigación que, al final, terminan dándole la razón al que gobierna antes que a la oposición. Es por ello que lo ocurrido en Camas cobre más importancia si cabe si se tiene en cuenta que se produce a las puertas del inicio, esta semana, de los trabajos de la comisión de investigación acordada en el Ayuntamiento de Sevilla para aclarar lo de las "facturas falsas" por valor de 4.800 euros. Los socialistas aseguran que acuden sin reserva alguna en el afán así de dar máxima transparencia a un asunto que estiman como una falta administrativa antes que un signo de corrupción. Aquí se han empleado a fondo tanto en el PP como el PA. A los ediles de éste último partido, que fueron los que desvelaron las irregularidades, parece temblarles las piernas al acordarse que también se investigue la gestión que ellos hicieron en el anterior mandato en el que gobernaron en coalición con los socialistas.

El mayor riesgo que corre esta comisión es que, en efecto, como señalan unos y otros, se convierta en un circo, en poco menos que un ring en el que intercambiar golpes sin otro afán más que el de dañar al contrario y con escasas ganas de ir a fondo de las cosas y averiguar qué hay detrás de esta incidencia. En este sentido, puede que ésta sea la ocasión idónea esperada por los socialistas para traducir en datos lo que un día dijeron de los andalucistas, que practicaban el urbanismo bajo sospecha, una simple apreciación que fue suficiente para tumbar la imagen del PA, ya de por sí entonces muy deteriorada por las evoluciones de su líder, Alejandro Rojas Marcos en el ayuntamiento hispalense, siempre muy cerca del "ladrillo".

Hay que recordar que dicha comisión se suma a la investigación abierta por la Fiscalía sevillana. Igualmente, se ha solicitado por el alcalde, el socialista, Alfredo Sánchez Monteseirín una auditoría especial a la Cámara de Cuentas al tiempo que se ha abierto una investigación interna para intentar esclarecer los hechos. Precisamente, puede que, a la larga, sean estas actuaciones las que resulten más útiles que la comisión que, eso sí, ha tenido ya la virtud de desactivar buena parte de la estrategia que estaba siguiendo la oposición en relación con este asunto que tanto escándalo ha generado.