El Gobierno catalán estudia implantar una tasa de 5 euros para pagar el soterramiento de líneas eléctricas

El Gobierno tripartito catalán, que ha introducido un gravamen sobre la gasolina para paliar el déficit sanitario y que en los últimos presupuestos introdujo 18 nuevas tasas para obtener más recursos, baraja ahora la posibilidad de crear un recargo con el que los ciudadanos de Cataluña podrían ayudar a financiar el coste de soterrar o desplazar líneas eléctricas que afecten a zonas muy pobladas.

El recargo sobre la factura eléctrica sería de cinco euros al año, según afirmó ayer en un simposio energético celebrado en Manresa el subdirector general de Energía de la Consejería de Trabajo e Industria de la Generalitat, Agustí Andreu. De ahí podrían obtenerse aproximadamente unos 15 millones de euros.

Sin embargo, preguntado al respecto, el propio consejero de Trabajo e Industria, Josep Maria Rañé, advirtió posteriormente que el plan de financiación del soterramiento "todavía no está definido", y que el citado recargo sólo es "una posibilidad". De entrada, la Generalitat espera a que el Ministerio de Industria elabore su Libro Blanco de la Electricidad, en lo que respecta a la posibilidad de que sean las compañías eléctricas las que se hicieran cargo de financiar el soterramiento de líneas en zonas urbanas.

Rañé señaló que existen otras vías para pagar este tipo de proyectos, desde "mejoras de la financiación que puedan repercutir en estas inversiones a cambios en las tarifas eléctricas a nivel global que puedan afectar los conceptos de las inversiones por parte de las compañías".

Un coste de 300 millones

El Plan de Energía de la Generalitat, que cubre el periodo 2006-2015, prevé literalmente que la ciudadanía se "implique" en los "mecanismos que hace falta definir para la financiación" de los planes de soterramiento. Estos mecanismos "están por negociar", subrayó un portavoz de Industria.

En ningún caso el coste recaería sólo en los ciudadanos, sino que sería un complemento de lo que aportaran el resto de participantes, desde la Generalitat a las administraciones locales, pasando por las empresas distribuidoras de electricidad.

El objetivo del plan, en cumplimiento de un mandanto del Parlamento autónomo, es soterrar o desplazar las líneas eléctricas de tensión igual o superior a 36 kv que afecten a zonas densamente pobladas y con mayor impacto territorial. El coste de estas actuaciones, en una primera fase, se eleva a 300 millones. La implicación de los ciudadanos en la financiación se sugiere por "el beneficio general que supone para el conjunto de la sociedad". Las actuaciones previstas, 56, se realizarán en las ciudades más importantes de Cataluña.