Agró denuncia que no se publican todas las declaraciones de impacto y Blasco lo niega

Acció Ecologista-Agró denunció ayer de nuevo que la Consejería de Territorio y Vivienda no publica todas las declaraciones de impacto ambiental que emite en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), como es preceptivo. La consejería que dirige Rafael Blasco, por contra, rechazó la denuncia y aseguró que se publican todas desde junio de 2003, cuando el actual responsable se hizo cargo del departamento.

Los ecologistas han analizado las actuaciones urbanísticas y declaraciones de impacto en la provincia de Alicante entre los años 2000 y 2004, ambos inclusive. Según su documentación, en esos años se publicaron en el DOGV 21 declaraciones de impacto "referidas a planes urbanísticos de municipios de la provincia de Alicante", entre las que citan planes parciales, modificaciones puntuales, homologaciones y planes generales completos de localidades como Rojales, El Campello, benimassot, Beniarrés o Albatera. Sin embargo, se aprobaron en ese periodo otras 45 declaraciones de poblaciones como Teulada, Callosa de Segura, L'Alfàs del Pi o Benissa "que no han sido publicadas" en el DOGV a pesar de la obligación legal de hacerlo". La organización ecologista asegura también que "ni una sola de las 33 declaraciones" firmadas por Paloma Gómez, directora general responsable de esta gestión antes de que el cargo lo ocupara, con Blasco en la consejería, Javier Gómez, relevado recientemente.

Un portavoz de Territorio y Vivienda insistió ayer en que el DOGV ha reflejado todas las declaraciones emitidas por la consejería desde junio de 2003, que han sido más de 300. También se han recuperado para su publicación otras que responden también al Consell del PP pero son anteriores a la llegada de Blasco a la consejería, indicó el portavoz.

Acció Ecologista-Agró ya denunció recientemente una relación de declaraciones de impacto no publicadas y otros "incumplimientos" de la legislación que niega la consejería. Según los ecologistas, que realizaron esta investigación a raíz de los cambios o relevos de funcionarios en diversos servicios de la consejería vinculados a esta actividad -la Fiscalía archivó su denuncia-, destacaron que en varios casos la publicación se realizó una media de 33 o más meses después de las correspondientes resoluciones, lo que dificulta hacer un seguimiento de las posibles condiciones impuestas en las declaraciones. Los retrasos, según la documentación de Acció Ecologista-Agró, que especifica el número de expediente, fecha de resolución, fecha de publicación y director general que la firmó, también afectan a la etapa de Blasco.