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La juez del 'caso Atutxa' pide 6.500 euros de fianza a cada acusado

La juez instructora del caso Atutxa, Nekane Bolado, ha pedido a los tres miembros de la Mesa del Parlamento vasco acusados de desobedecer la orden del Tribunal Supremo de disolver Sozialista Abertzaleak (SA) que depositen una fianza conjunta de 19.500 euros para hacer frente a las posibles responsabilidades civiles en caso de ser finalmente condenados en el juicio.

La apertura de pieza de responsabilidad civil había sido solicitado en su escrito de conclusiones provisionales por la fiscal jefe del alto tribunal vasco, María Ángeles Montes. La instructora accedió ayer a la petición y fijó la fianza en 6.500 euros para cada uno de los tres acusados: Juan María Atutxa (PNV), Gorka Knörr (EA) y Kontxi Bilbao (Ezker Batua).

La medida, habitual en los procesos penales, fue muy mal acogida por los acusados. El portavoz de la presidencia de Ezker Batua (EB), Mikel Arana, indicó que la medida "supone tratarles como a un delincuente habitual con riesgo de insolvencia".En el auto de la juez instructora, notificado ayer a las partes, la magistrada no hace ninguna referencia a otra de las solicitudes realizada por la fiscal del caso, María Angeles Montes, en sus conclusiones provisionales. Ésta había solicitado también que se pidiera oficialmente al Tribunal Constitucional información sobre la situación en que se encuentran los recursos de amparo interpuestos contra los autos de la Sala 61 del Supremo en ejecución de la sentencia por la que se declaró ilegales los partidos HB-EH-Batasuna, con fecha de 27 de marzo de 2003. En concreto, son los autos de 24 de abril, 20 de mayo de 2003 y 1 de octubre del mismo año. La fiscal quería saber también "el trámite en el que tales recursos se encuentran" en la actualidad. La instructora no hace mención en su auto de esta segunda petición y simplemente resuelve la parte relacionada con las fianzas.

Los acusados tienen de plazo un día para depositar la fianza exigida para cubrir la posible multa, la responsabilidad civil derivada del delito si finalmente son condenados por desobediencia, y el importe probable de las costas procesales. En su defecto, la juez Bolado anuncia que se les embargarían bienes "en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada", según indica literalmente la resolución judicial.

El acusado Gorka Knörr (EA), que no repite como parlamentario en la nueva legislatura, interpretó también de manera crítica la decisión de la juez de exigirle que deposite en un día una fianza de 6.500 euros. A su juicio, el auto es "una etapa más en esta penosa causa que he debido arrastrar en el ejercicio de mi cargo y por la defensa de los parlamentarios". Knörr declaró a Europa Press que, "lógica y personalmente", hará frente a la fianza exigida. El portavoz de la Presidencia de EB, Mikel Arana, indicó que el hecho de que la magistrada haya decidido imponer las fianzas "supone dudar de la solvencia de los tres parlamentarios y, lo que es más grave, agraviar nuevamente a esta institución [el Parlamento]".

Contaminación de la Sala

Mientras tanto, el letrado que defiende a los tres acusados prepara ya su línea de defensa antes de que la juez fije la fecha del juicio. En principio, Alberto Figueroa Laraudogoitia tiene previsto recusar a los magistrados de la Sala Civil y Penal que han visto los recursos contra varias de las decisiones de la juez instructora, al entender que están contaminados. Probablemente, este recurso será innecesario, ya que los propios magistrados -Fernando Ruiz Piñeiro, Antonio García y Robert Sáiz- pueden inhibirse previamente.

Otra de las posibilidades que se baraja es la petición de anulación del juicio por entender que no es posible celebrar la vista oral mientras el Tribunal Constitucional no ha resuelto aún los recursos de amparo presentados por los acusados en relación con la ilegalización de HB y la ejecución de esa sentencia por parte del Supremo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 29 de abril de 2005