Federalismo fiscal

El tripartito catalán ha presentado por fin su propuesta de nuevo sistema de financiación autonómica, que prevé la recaudación íntegra de todos los impuestos en Cataluña, la devolución de un máximo del 50% a la Administración central y el establecimiento de un complejo mecanismo de solidaridad a través de unas transferencias progresivas en función de la divergencia en la renta per cápita con otras autonomías.

La primera reacción del Gobierno ha venido del presidente Rodríguez Zapatero y del vicepresidente económico, Pedro Solbes. Sin aspavientos retóricos han venido a recordar lo obvio: que cualquier proyecto de financiación autonómica requiere el debate y el acuerdo con las demás comunidades y, por supuesto, con el propio Gobierno de España. A excepción de los territorios forales del País Vasco y Navarra, a los que la Constitución reconoce un régimen singular de concierto, la financiación de las comunidades autónomas debe atenerse a unas reglas comunes que no puede fijar una de ellas.

El tripartito catalán contempla la eventual aplicación de su fórmula por otras comunidades, pero reivindica su legitimidad para incluirla en el texto del nuevo Estatuto. Es un planteamiento que ya se ha encontrado con las primeras reacciones adversas por parte de dirigentes socialistas de otras comunidades autónomas. En realidad, la elaboración del Estatuto se ha anticipado a la reforma constitucional que debería convertir el Senado en una auténtica Cámara territorial capaz de acoger el debate sobre la financiación de las comunidades autónomas. A falta de esa institución, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que están presentes el Gobierno y las autonomías, debe canalizar esta cuestión.

El consejero de Economía y principal artífice del proyecto, Antoni Castells, invocó ayer la "inspiración federal" de la propuesta. La combinación de gestión tributaria total, plena capacidad normativa, cesión de una parte al Estado y definición de los mecanismos de solidaridad concuerda a duras penas con el modelo vigente de un Estado autonómico en el que el Gobierno central debe actuar como principal garante del binomio igualdad-solidaridad. La argumentación hasta ahora utilizada por el tripartito camina en una dirección que apunta hacia los resultados del concierto vasco.

No sería de recibo un concepto de solidaridad limitado y fijado desde la autonomía que la ejerce. Como la cohesión territorial, gestionar la solidaridad es por principio una cuestión que compete al Gobierno central, que está obligado a garantizar a todos los ciudadanos la igualdad básica en servicios esenciales como salud, educación y pensiones.

Hubo un tiempo en que Maragall acuñó la fórmula "pagar por renta, recibir por población". La Generalitat argumenta que ese modelo no se ha cumplido y propone un complejo sistema inspirado en algunos estados federales. En el fondo del proyecto late la convicción de que la contribución de Cataluña es excesiva. Es impropio de un Gobierno de izquierdas decir, como han hecho algunos de sus portavoces, que es preciso limitar la solidaridad. Otra cosa es estudiar mecanismos que impidan la descapitalización de las zonas de mayor prosperidad. La insuficiencia financiera en Cataluña ha sido reconocida por el Gobierno y es algo a negociar, pero amalgamarla con argumentos insolidarios perjudica ante todo a quienes los utilizan.

Está claro que la descentralización política exige descentralización fiscal. A las competencias crecientes en materia de gasto deben corresponder también competencias en la generación de ingresos y, por tanto, en la gestión de la tributación. La dificultad estriba en garantizar el equilibrio necesario en todo Estado descentralizado entre suficiencia de los ingresos tributarios y solidaridad en el seno del Estado. También en calibrar exactamente la cesta de impuestos. El tripartito llega muy lejos y quiere que estén todos, incluso el de sociedades, que es de regionalización muy problemática y favorecería primero a Madrid y en segundo lugar a Cataluña, en detrimento del resto.

La propuesta presentada ayer puede ser discutida en un organismo en el que estén representadas todas las comunidades. Lo que chocaría con la invocación federal es que se tratara de fijar desde un territorio y que la Administración catalana pretendiera reducir el papel del Estado a un mero receptor. Del actual desequilibrio fiscal en favor de la Administración central se pasaría al desequilibrio contrario. Un esquema de inspiración federal debería sostenerse sobre una Agencia Tributaria en la que participen las distintas administraciones bajo la fórmula de consorcio y no de la mera coordinación.

En realidad, ésta es una cuestión central que se dirime en el debate que se abre ahora. Sin diálogo y negociación multilateral, con las otras comunidades autónomas y con el Gobierno central, no hay federalismo. El Gobierno de Zapatero tiene por delante un difícil desafío que no se puede posponer hasta que el texto estatutario sea enviado a las Cortes. Es ahora cuando debe comenzar la negociación.