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LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS

IU quiere que la reforma resuelva problemas sociales

Izquierda Unida propuso ayer que el "gran consenso" del próximo Estatuto de Autonomía sea con la sociedad, por lo que demandó que la reforma, en la que plantea las máximas cotas de autogobierno y financiación, esté vinculada al final de las desigualdades y a resolver problemas como la vivienda o el empleo. En conferencia de prensa, los principales dirigentes de IU definieron en estos términos los objetivos esenciales de la propuesta de reforma estatutaria presentada ayer en el Parlamento autonómico, en la que exigen mantener, respecto al actual texto, la "incumplida" reforma agraria y la "impagada" Disposición Adicional II (deuda histórica).

"El objetivo del nuevo Estatuto tiene que ser mejorar la calidad de vida de los andaluces y dar respuesta a la desigualdades sociales, garantizar vivienda para todos y contemplar el objetivo del pleno empleo", aseveró el coordinador andaluz de IU, Diego Valderas.

Además de defender que Andalucía esté en "pie de igualdad, sin un ápice menos ni más" en autogobierno y financiación que comunidades como el País Vasco o Cataluña, la federación de izquierda recoge en su documento la creación de la Agencia de Evaluación de los derechos sociales, la limitación de mandato del presidente de la Junta a ocho años, la disolución de las diputaciones provinciales, definir el Pacto Local Andaluz, con financiación suficiente y competencias, y la consecución de un Estado federal solidario que incluya el derecho de determinación de los pueblos.

"Demandamos más poder político, más competencias para tener más derechos sociales y más calidad democrática", afirmó Valderas, que se mostró convencido de que es posible una mayor reforma de la Constitución para ir al Estado federal y solidario.

"Se va a modificar la Constitución para la Corona y, sin embargo, hay negativas y resistencias a realizar cambios que beneficien al resto de los españoles", criticó el coordinador.

Entre los nuevos derechos, la formación política citó el derecho a la vivienda, a la educación pública y gratuita, a la sanidad, los relacionados con las nuevas tecnologías o la renta básica universal, e incluye la creación de una Agencia de Evaluación de Derechos.

En cuanto al mandato del presidente de la Junta, el grupo de IU propone abordar una nueva organización y estructura de la Presidencia del Gobierno, para lo que apuesta por la figura del primer consejero, así como limitar a dos legislaturas (ocho años) los mandatos de los presidentes y la desaparición de la figura del Delegado del Gobierno en Andalucía. En este sentido, el diputado y ponente de IU en la reforma, Antonio Romero, opinó que Chaves tiene "ahora la oportunidad de demostrar que no es como Fraga y que no se va a eternizar en el poder", aunque también rechazó la coincidencia electoral y tildó de "inaceptable" la posibilidad de que se celebren el mismo día las elecciones municipales y el de referéndum del Estatuto.

La reforma de IU, que considera a Gibraltar como parte del territorio andaluz, y la reconversión de la bases militares andaluzas en "lanzaderas humanitarias" pretende que el nuevo Estatuto recoja la denominación de Andalucía como comunidad nacional, aunque no descarta que "pueda ser denominada nación". Además, recoge un amplio capítulo dedicado a Blas Infante, a la II República y al 28-F, y fija la creación de la Policía Autonómica con plenas competencias y de la Agencia Tributaria Andaluza.

El coordinador insistió en la que idea de que el debate de la reforma estatutaria "no puede quedarse" en el Parlamento y tiene que extenderse a la sociedad, para lo que IU solicita crear un Foro Cívico formado por la FAMP, agentes económicos y sociales, la universidad y organizaciones no gubernamentales que participen en el mismo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 29 de abril de 2005